Adendas leoninas de Ocampos comprometen a Capasa y generan auditoría financiera
Poco antes de dejar la presidencia de Cañas Paraguayas SA (Capasa), José Ocampos firmó adendas a un contrato con la empresa Santacruz y Cía. SA, representada por Marco Santacruz Aguirre, que incluyen cláusulas consideradas leoninas y compras mínimas de G. 1.500 millones por mes.
El primer contrato, firmado el 2 de agosto de 2024, establecía que Santacruz y Cía. SA distribuiría los productos de Capasa en varios departamentos del país, incluyendo Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, San Pedro, Amambay, Concepción y la región Occidental, para las marcas Aristócrata y Parapiti, sin monto mínimo de compra mensual, aunque se ofrecía un 5% de bonificación por adquisiciones iguales o superiores a G. 1.000 millones.
Exclusividad y obligaciones para sucesores
El 29 de abril de 2025, Ocampos firmó la primera adenda, que ampliaba el territorio a Argentina y Brasil e imponía exclusividad irrevocable a la empresa privada, obligando a sucesores, herederos o cualquier nuevo titular de las partes a respetar el acuerdo. Se establecía además la irrenunciabilidad de derechos, y que en caso de fusiones o reorganizaciones, los nuevos titulares asumirían el contrato como condición para operar.
Once días después, una segunda adenda reforzó la exclusividad, designando a Santacruz y Cía. SA como único distribuidor de los productos de Capasa en todo el territorio paraguayo. Además, autorizó a la empresa privada a incorporar empleados para auditorías operativas y financieras, y fijó compras mínimas mensuales de G. 1.500 millones por seis meses, que luego pasarían a G. 1.800 millones.
Auditoría financiera y pagos cuestionados
El actual presidente de Capasa, Manuel Chávez, confirmó que al asumir el 20 de junio de 2025 encontró estas adendas con cláusulas leoninas y solicitó a la asesoría jurídica una revisión y negociación. Chávez indicó que, según Santacruz y Cía. SA, el primer pago de G. 1.500 millones se realizó en dos partes, pero no hay rastros de su ingreso a la empresa estatal. Por ello, se inició una auditoría financiera para determinar el destino del dinero, que aparentemente habría sido usado para pagar sueldos, aunque aún no se tiene certeza.
Chávez también remitió un informe de 500 páginas al presidente de la República, Santiago Peña, y a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la crítica situación de Capasa.
Empleados exigen salarios
Alrededor de 170 trabajadores realizaron protestas por el pago de al menos tres meses de salarios y un auxilio económico para sostener la fábrica. Los empleados responsabilizan de la crisis al ex presidente Ocampos, quien, pese a ello, sigue siendo parte del directorio de la empresa. Durante su gestión, Capasa duplicó sus pérdidas: de G. 2.379 millones en 2023 a G. 5.546 millones en 2024.
ABC intentó obtener la versión de Ocampos, pero no respondió a los llamados.
