La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo del senador cartista Hernán Rivas y ordenó que la causa avance a juicio oral y público por el caso de su presunto título falso de abogado. La decisión representa un giro clave en uno de los escándalos más cuestionados dentro del sistema político y judicial paraguayo.
El fallo dejó sin efecto las resoluciones del Tribunal de Apelación que habían beneficiado al legislador con el sobreseimiento y la prescripción parcial de los hechos investigados. La resolución fue tomada tras el recurso extraordinario de casación presentado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero.
La Corte sostuvo que no existe impedimento para que los hechos sean debatidos en juicio oral, ya que las mismas porciones fácticas ya habían sido discutidas durante la etapa preliminar. Además, los ministros señalaron que el acusado se defiende de hechos y no únicamente de calificaciones jurídicas, desmontando así uno de los argumentos utilizados para cerrar el caso antes del juicio.
La causa contra Rivas se originó luego de las denuncias y publicaciones que pusieron bajo sospecha la autenticidad de su formación académica y de los documentos utilizados para ejercer como abogado e integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El Ministerio Público lo acusa por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según la Fiscalía, la supuesta declaración falsa de Rivas como abogado derivó en documentos oficiales emitidos tanto por el Congreso como por la Corte Suprema de Justicia, incluyendo su matrícula profesional y resoluciones que lo designaron como integrante del JEM.
El caso había generado fuertes críticas luego de que un Tribunal de Apelación dispusiera el sobreseimiento definitivo del senador en marzo pasado. Aquella decisión provocó reacciones de gremios de abogados y sectores ciudadanos que denunciaron un presunto “salvataje judicial” y cuestionaron el mensaje de impunidad dentro del sistema.
La situación también estuvo rodeada de tensión luego de que trascendiera una denuncia de la fiscala Patricia Sánchez sobre supuestas amenazas vinculadas al proceso, hecho que incluso generó cuestionamientos hacia el actuar del Ministerio Público.
Con esta resolución, la causa vuelve al Juzgado Penal de Garantías para los trámites correspondientes y posterior elevación al Tribunal de Sentencia que deberá llevar adelante el juicio oral.
La decisión de la Corte vuelve a colocar en el centro del debate la credibilidad del sistema judicial y político, especialmente en un caso que expuso cómo un legislador llegó a ocupar espacios de poder vinculados al control de magistrados mientras pesaban serias dudas sobre su propia condición de abogado.