Claudio Barúa, actual vicedecano de la Facultad Politécnica de la UNA, buscará llegar al decanato mientras siguen sin aclararse las denuncias sobre una presunta superposición de horarios y cobros dentro del Ministerio de Educación. El MEC había anunciado una investigación, pero hasta ahora no se conocen públicamente conclusiones que despejen los cuestionamientos.
En medio de una serie de cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus funciones como docente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Claudio Nill Barúa Acosta, actual vicedecano de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), buscará subir un escalón más dentro de la institución y convertirse en decano.
La candidatura ya figura oficialmente en el proceso electoral de la Facultad Politécnica. Según el calendario publicado por el Tribunal Electoral Independiente ad hoc de la propia FP-UNA, Barúa integra la nómina de candidatos a decano junto con Silvia Leiva y Daniel Domecq. La elección está fijada para el próximo 20 de agosto, para el periodo 2026-2031.
Barúa no es un desconocido dentro de la estructura universitaria. Documentos oficiales de la Politécnica confirman que fue electo vicedecano y que actualmente continúa ejerciendo esa función. La propia institución lo identifica oficialmente como Claudio Nil Barúa Acosta, vicedecano de la FP-UNA.
Sin embargo, su intención de llegar al máximo cargo de la Facultad aparece mientras todavía pesan sobre él serios cuestionamientos relacionados con su vínculo laboral con el MEC.
Horarios que necesitan una explicación
De acuerdo con documentos y planillas del Ministerio de Educación analizados en el marco de las denuncias, Barúa aparece vinculado como docente a una institución destinada a la educación de jóvenes y adultos en San Lorenzo.
El punto central del cuestionamiento es que los registros ubicarían al docente cumpliendo funciones para el MEC en horarios que coincidirían con actividades desarrolladas dentro de la Facultad Politécnica de la UNA.
La situación ya llegó incluso a conocimiento de autoridades educativas. Publicaciones anteriores señalan que desde el MEC se informó de la apertura de una investigación sobre presuntas incompatibilidades entre cargos, horarios y remuneraciones de Barúa.
Pero las dudas no terminan en una eventual superposición horaria.
Según los documentos que forman parte de la denuncia, Barúa figura como profesor guía en un centro de educación para adultos de San Lorenzo que, conforme a las verificaciones realizadas, no tendría funcionamiento efectivo en el turno en el cual aparece asignado.
Es decir, la pregunta ya no sería solamente cómo podía cumplir simultáneamente funciones en dos instituciones distintas, sino qué actividad docente realizaba efectivamente en el establecimiento dependiente del MEC y quién certificaba ese supuesto cumplimiento.
Jubilado, pero con registros de pagos
Otro elemento que requiere una explicación oficial tiene relación con su situación dentro del Ministerio.
Según documentación del MEC a la que se tuvo acceso, Barúa figura como jubilado desde 2025. Sin embargo, también aparecen registros posteriores vinculados al cobro de remuneraciones provenientes de la cartera educativa.
A esto se suma que, considerando sus diferentes vínculos con instituciones públicas, sus ingresos mensuales denunciados rondarían los G. 46 millones.
La cifra, por sí sola, no constituye una irregularidad. Lo que debe esclarecerse es si cada uno de los rubros cobrados tuvo una contraprestación efectiva, si existió compatibilidad horaria y si todas las remuneraciones se ajustaron a las disposiciones legales aplicables.
El MEC investiga, pero las respuestas no llegan
Las denuncias fueron comunicadas al Ministerio de Educación y Ciencias. La respuesta institucional conocida hasta ahora fue que el caso se encontraba “en investigación”.
El problema es que, mientras pasan las semanas, Barúa continúa avanzando dentro de la estructura universitaria y ahora pretende convertirse en decano de una de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción.
Y es precisamente allí donde el silencio del MEC comienza a convertirse también en parte del cuestionamiento.
Si las planillas son correctas, el Ministerio debería explicar quién controlaba la asistencia del docente, quién certificaba sus horarios, qué supervisión tenía a su cargo la institución educativa y cómo se autorizaban los pagos.
Si las denuncias son incorrectas, también corresponde que el MEC lo diga, presente las documentaciones y cierre públicamente el caso.
Lo que resulta difícil de justificar es mantener durante meses una investigación abierta mientras permanecen sin respuesta preguntas básicas sobre el uso de recursos públicos.
¿Protección desde la supervisión?
Dentro de las denuncias también se menciona una supuesta protección a Barúa desde sectores relacionados con la supervisión educativa de la zona.
Hasta el momento no existe una conclusión oficial que permita afirmar que haya existido un esquema de encubrimiento, pero precisamente por eso el MEC tiene la obligación de determinar quién controlaba el cumplimiento de las funciones y quién avalaba las planillas.
Porque un eventual caso de planillerismo no depende únicamente de quien supuestamente no cumple funciones.
Para que una persona pueda cobrar sin asistir —si finalmente eso se comprobara— necesariamente existirían controles que fallaron, superiores que certificaron documentos o funcionarios responsables de verificar una prestación que aparentemente no se realizaba.
Por eso la investigación no puede limitarse únicamente a Barúa.
De investigado a candidato
Mientras el Ministerio todavía tiene pendiente aclarar estas situaciones, Barúa competirá por dirigir la Facultad Politécnica durante el periodo 2026-2031.
La paradoja resulta difícil de ignorar: un alto funcionario universitario cuestionado por presuntas irregularidades en el cumplimiento de otro cargo público pretende ahora asumir la máxima conducción administrativa y académica de una facultad de la UNA, mientras la institución estatal responsable de aclarar las denuncias continúa sin presentar resultados concluyentes.
La candidatura es legítima mientras reúna los requisitos establecidos por la Universidad. Pero también es legítimo —y necesario— preguntar si una persona que aspira a administrar una institución pública puede hacerlo sin haber aclarado previamente cuestionamientos relacionados precisamente con el cumplimiento de funciones y el cobro de dinero público.
El MEC tiene ahora una responsabilidad que trasciende a Claudio Barúa.
Debe explicar qué encontró, qué verificó y qué medidas tomó.
Porque si existieron irregularidades y fueron toleradas, el problema no termina en un docente.
El problema estaría dentro del propio sistema que debía controlarlo.
