Un ciudadano de Fernando de la Mora denunció haber sido víctima de un procedimiento policial que habría vulnerado garantías constitucionales básicas, dejando en evidencia una grave falla institucional: quienes debían proteger sus derechos, terminaron actuando en su contra.
Según el material audiovisual, los documentos oficiales y el testimonio presentado ante el Ministerio Público, el denunciante fue seguido, interceptado y encerrado en la vía pública por agentes que se movilizaban en un vehículo particular, sin orden judicial previa, sin identificación inmediata y sin notificación formal del motivo del procedimiento.
Las imágenes contradicen la versión asentada en el acta policial, donde se afirma que el vehículo se encontraba estacionado. Las cámaras muestran claramente que el ciudadano salía de su domicilio, era seguido y luego bloqueado en plena circulación, una acción que configura una restricción ilegítima de la libertad ambulatoria.
Más grave aún, el afectado denunció que el abordaje inicial se realizó con arma en mano, sin que se le exhibiera orden fiscal ni orden de trabajo, vulnerando el principio constitucional de legalidad, el derecho a la defensa y el debido proceso.
Posteriormente, su vehículo fue trasladado a dependencias policiales y sometido a manipulación directa del área del chasis, sin presencia de peritos técnicos ni autorización fiscal previa. La Fiscalía fue notificada recién varias horas después, cuando el procedimiento ya había sido ejecutado, en abierta contradicción con los protocolos legales vigentes.
El peritaje oficial posterior, ordenado por el Ministerio Público, terminó por derrumbar el fundamento del operativo:
el vehículo no presentaba adulteraciones, no estaba remarcado y su documentación era válida.
Este resultado expone una situación aún más preocupante: un ciudadano fue privado de su tranquilidad, sometido a presión, expuesto a un procedimiento invasivo y señalado penalmente sin sustento técnico ni respaldo judicial.
El denunciante también aseguró que durante el operativo se le habría exigido una suma de dinero para “resolver el problema”, lo que, de confirmarse, podría configurar hechos punibles graves que exceden un simple error procedimental.
El caso deja al descubierto un escenario alarmante: la utilización del poder coercitivo del Estado sin control judicial previo, sin garantías mínimas y con resultados que terminaron siendo desmentidos por la propia Fiscalía.
Hoy, el ciudadano no solo reclama justicia por su caso particular. Lo que está en juego es algo mayor: el respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a las garantías constitucionales que protegen a cualquier paraguayo frente al abuso de autoridad.
La investigación ya se encuentra en manos del Ministerio Público y podría derivar en responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias para los intervinientes.
