Funcionarios del Hospital Distrital de San Ignacio, en el departamento de Misiones, denunciaron un presunto esquema de presiones políticas dentro del sistema público de salud. La acusación apunta directamente al director de la Octava Región Sanitaria, Dr. José María Mereles, a quien señalan de utilizar su cargo para exigir respaldo político a determinados candidatos en el escenario electoral local.
De acuerdo con testimonios de médicos, enfermeros y personal administrativo, Mereles estaría presionando al personal sanitario para acompañar políticamente a su candidato a concejal e incluso a su candidato a intendente. Según los denunciantes, el mensaje transmitido dentro de la institución sería claro: “O nos acompañan o se van afuera”, lo que generó preocupación entre los trabajadores del hospital.
Los funcionarios aseguran que este tipo de advertencias instaló un clima de temor e incertidumbre dentro del hospital, ya que varios trabajadores temen posibles represalias laborales si no se alinean con las directrices políticas.
La situación genera cuestionamientos sobre el uso de las estructuras del Estado con fines electorales, una práctica que vuelve a aparecer en el debate público en medio del escenario preelectoral en varios puntos del país.
Este caso, además, se suma a otras críticas recientes sobre el uso político de los servicios de salud pública, particularmente en Asunción, donde sectores políticos vienen impulsando jornadas de “atenciones médicas gratuitas” en barrios, actividades que coinciden con la campaña del candidato a la intendencia Camilo Pérez.
Dirigentes opositores y funcionarios del propio sistema sanitario han señalado que estas jornadas, presentadas como actividades sociales, en realidad funcionarían como herramientas de posicionamiento electoral, utilizando recursos, profesionales e infraestructura vinculada al sistema público de salud.
Para varios sectores, el problema de fondo es que la salud pública no puede convertirse en plataforma de campaña política, ya que los hospitales, puestos de salud y programas sanitarios deben estar orientados exclusivamente a la atención de la ciudadanía.
En ese contexto, los denunciantes piden que las autoridades correspondientes investiguen los hechos y garanticen que los trabajadores de la salud puedan ejercer sus funciones sin presiones políticas, evitando que el sistema sanitario vuelva a ser utilizado como estructura de movilización electoral.