La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación formal sobre las adjudicaciones de bacheo ejecutadas en Lambaré bajo la figura de “emergencia vial”, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y la posible existencia de un perjuicio al patrimonio público.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 802/26, de fecha 19 de marzo de 2026, en la que la institución ordena profundizar el análisis del caso e incluso evalúa la remisión de los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual configuración del hecho punible de lesión de confianza.
Uno de los principales puntos observados por la DNCP es la contradicción entre la supuesta urgencia invocada por la administración municipal y el tiempo que llevó el trámite. Según se detalla, el proceso se inició el 20 de enero, fue evaluado el 17 de febrero y la firma del contrato se concretó posteriormente, es decir, tras un lapso de 42 días. Para el organismo contralor, estos plazos no se compadecen con una situación de emergencia real que requiera una respuesta inmediata.
A esto se suma otro elemento sensible: ya existía un contrato de bacheo vigente con objeto similar. En ese contexto, la apertura de nuevos llamados por la vía excepcional de emergencia genera sospechas de un posible fraccionamiento, mecanismo que podría haberse utilizado para evitar una licitación pública y los controles ordinarios establecidos por la ley.
La DNCP también cuestiona el sustento jurídico de la declaratoria. De acuerdo con la evaluación preliminar, no se acreditaron hechos extraordinarios, imprevisibles o de fuerza mayor que justifiquen apartarse del procedimiento regular de contratación. Sin una causa excepcional debidamente demostrada, la utilización de la figura de emergencia pierde respaldo legal.
En el plano financiero, otro de los puntos observados es la autorización de un préstamo por G. 3.000 millones sin que, aparentemente, se hayan contemplado de forma adecuada los intereses dentro de la ampliación presupuestaria. Esta situación podría derivar en un perjuicio patrimonial para la comuna.
Frente a este escenario, la DNCP dispuso la apertura de la investigación, la designación de un responsable del proceso y el análisis de eventuales medidas complementarias, entre ellas la suspensión de pagos, la realización de una auditoría y la remisión del caso a la Fiscalía.
El proceso abierto por Contrataciones Públicas vuelve a poner bajo cuestionamiento la utilización de la figura de “emergencia vial” en Lambaré. Más allá del debate político, el caso ya se encuentra bajo revisión oficial y apunta al corazón del manejo administrativo: la legalidad, la transparencia y el uso de recursos públicos.
