El Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL) se encuentra nuevamente bajo la lupa. Cada año, su proceso de admisión recauda más de 42.400 millones de guaraníes, una cifra gigantesca que proviene de miles de jóvenes que sueñan con ingresar a la Policía Nacional. Sin embargo, no existe información pública clara sobre el destino final de estos fondos, y las denuncias sobre presuntas irregularidades van en aumento.
El millonario negocio de la admisión
De acuerdo con los aranceles oficiales, más de 30.000 jóvenes se presentan anualmente al proceso de ingreso. Cada uno debe pagar G. 926.274 solo para participar en la primera fase, que incluye cartilla digital, inscripción, corrección de exámenes y evaluación psicológica.
Solo esta etapa genera G. 27.788 millones.
Pese al masivo ingreso de dinero, apenas 5.000 postulantes superan la primera ronda. Estos deben abonar además el Arancel de Permanencia Anual, que asciende a G. 2.924.048 por cada uno. Esta segunda recaudación acumula otros G. 14.620 millones.
En total, el proceso anual de admisión mueve G. 42.408.460.000, una cifra que cualquier institución pública estaría obligada a justificar con detalle… pero ISEPOL no lo hace.
Autoridades en la mira
Las denuncias del senador Carlos Núñez encendieron las alarmas, pero las críticas ya alcanzan directamente a las máximas autoridades del sistema:
- Carlos Humberto Benítez González, comandante de la Policía Nacional.
- Enrique Riera, ministro del Interior.
- Rubén Oporto Sánchez, director general de ISEPOL.
Aunque desde el Ministerio del Interior se habla de “profesionalización” y “fortalecimiento institucional”, familiares y postulantes coinciden en otra realidad:
“Las barreras económicas están expulsando al joven humilde y abriendo la puerta a un sistema donde el dinero manda y la transparencia brilla por su ausencia”.
Sospechas de una red interna
Una de las acusaciones más persistentes apunta a la supuesta existencia de una estructura interna que controla ingresos, cobros, becas, cupos y hasta servicios tercerizados, como las cantinas del campus, señaladas por estudiantes como “negocios privados otorgados a comisarios u oficiales”.
Un postulante lo resume de forma cruda: “Acá la mafia empieza desde la entrada”.
La falta de fiscalización interna y externa alimenta estas sospechas y plantea una pregunta central: ¿quién controla realmente los millones que año tras año ingresan a ISEPOL?
Silencio oficial
Hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio del Interior o de ISEPOL ha brindado una explicación precisa sobre el uso, distribución o rendición de los más de 42 mil millones generados en cada convocatoria.
En un país donde la seguridad pública enfrenta cuestionamientos históricos, el manejo opaco de los fondos de la institución encargada de formar a los futuros policías no solo preocupa: indigna.
