La supuesta víctima de un hecho de violencia intrafamiliar continúa aguardando justicia desde hace más de cinco años, en una causa que involucra al actual precandidato a la Intendencia de Fernando de la Mora, Víctor Molas Turo, identificado políticamente con el cartismo. A pesar de las numerosas diligencias, las denuncias formales y un oficio fiscal que incluso habría ordenado su detención, el proceso sigue sin resolución judicial.
Según el oficio 900/2017, la fiscala Ana Girala —entonces a cargo de la Unidad 1° de San Lorenzo— dispuso la detención de Juan Víctor Molas Turo tras una denuncia por presunta agresión contra su pareja. Sin embargo, aquella orden nunca se ejecutó, y hasta hoy no hay constancia de que se haya avanzado con las medidas establecidas.
En aquel momento, la Policía alegó no haber recibido el documento a tiempo, mientras que la Fiscalía informó que el escrito había sido remitido al comandante de la institución para su cumplimiento. Desde entonces, la causa se ha visto atravesada por sucesivas dilaciones, chicanas procesales y presuntas presiones políticas, de acuerdo con los reclamos de los familiares de la denunciante.
Las personas cercanas a la víctima sostienen que la fiscala habría recibido presión política, dado que Molas era —y continúa siendo— una figura con fuerte influencia dentro del oficialismo colorado en Fernando de la Mora, llegando incluso a ser señalado como protegido de estructuras vinculadas al cartismo. En aquel entonces, testigos mencionaron inclusive vínculos con el senador colorado Óscar González Daher, aunque la representante fiscal negó haber recibido pedidos directos.
Molas Turo, además de su rol político, cobró notoriedad pública tras verse beneficiado con el convenio entre la ANR y Petropar para habilitar estaciones de servicio en terrenos pertenecientes a la Seccional Colorada N°1 de Fernando de la Mora, de la cual es titular.
Mientras tanto, la denunciante continúa esperando una respuesta del sistema de justicia, pese a contar —según sus familiares— con pruebas suficientes de agresión que debieron haber impulsado una resolución hace años. A la fecha, no existe condena, sanción ni avance significativo, lo que mantiene a la causa en un limbo procesal que se prolonga peligrosamente en el tiempo.
El caso vuelve a reflotar en plena antesala electoral, poniendo nuevamente en debate la impunidad que rodea a figuras políticas y la falta de respuestas del Estado ante hechos de violencia contra la mujer, especialmente cuando los involucrados cuentan con respaldo partidario.
Mientras Víctor Molas continúa su campaña para la intendencia, la supuesta víctima sigue aguardando lo más básico: justicia.
