La construcción de la imagen pública del precandidato a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, vuelve a generar cuestionamientos debido a la presencia reiterada de figuras con antecedentes judiciales y administrativos en su entorno político inmediato.
En una reciente fotografía difundida en redes sociales, se observa a Pérez acompañado por referentes partidarios que arrastran causas judiciales abiertas o reconocimientos públicos de irregularidades, lo que reavivó críticas sobre la coherencia del discurso de “renovación” y “orden institucional” que impulsa su equipo.
Entre los presentes se encuentra Alfredo Benítez, actual presidente de la Seccional 44, quien figura como imputado en el conocido caso de los pagarés, una causa que investiga un presunto esquema de falsificación y uso irregular de documentos financieros que afectó a numerosos ciudadanos. El proceso judicial continúa en etapa de investigación.
También aparece Nidia López, actual directora de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA), quien en su momento reconoció públicamente haber cometido irregularidades durante el período de pandemia, vinculadas al manejo de fondos públicos. Según declaraciones oficiales previas, López se encuentra devolviendo el monto observado —cercano a los 200 millones de guaraníes— mediante un plan de pagos, mientras continúa ejerciendo funciones administrativas dentro de la institución estatal.
De acuerdo con fuentes políticas, su permanencia en el cargo habría contado con respaldo de sectores del oficialismo, incluyendo el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento institucional que detalle formalmente dichas gestiones.
En la misma imagen figura además el exdiputado Raúl Estigarribia, quien, según versiones internas, estaría vinculado laboralmente a la Dirección de Correos. Estas informaciones han generado cuestionamientos sobre posibles casos de designaciones políticas sin concursos públicos transparentes, aunque hasta ahora no se emitió un informe oficial que confirme su situación contractual.
El episodio vuelve a instalar el debate sobre los criterios de selección de aliados y referentes políticos dentro de los equipos que buscan administrar la capital. Sectores críticos sostienen que la presencia recurrente de dirigentes con antecedentes judiciales o administrativos debilita el mensaje de transparencia que algunos precandidatos intentan proyectar de cara al electorado.
Desde el entorno de Camilo Pérez no se emitió, hasta el momento, una postura oficial sobre estas observaciones ni aclaraciones respecto a la conformación de su equipo político.