Catorce diputados del PLRA acompañaron la continuidad de Camilo Benítez al frente de la Contraloría hasta 2031. Varios de ellos mantienen fuertes intereses políticos y familiares en municipios que, precisamente, deben rendir cuentas ante el organismo que Benítez seguirá encabezando. La pregunta es inevitable: ¿fue una decisión política independiente o pesaron otros intereses?
La Cámara de Diputados confirmó a Camilo Benítez como contralor general de la República para el periodo 2026-2031, con 64 votos. Entre quienes respaldaron su continuidad estuvieron 14 diputados liberales, pese a la posición política adoptada previamente por el Directorio del PLRA frente al proceso de selección de las nuevas autoridades de la Contraloría.
Los liberales que votaron por Benítez fueron Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Graciela Aguilera, Constancia Benítez, Del Pilar Vázquez, Jorge Ávalos Mariño, Roya Torres, Marcelo Salinas, Dalia Estigarribia, Rodrigo Blanco, Luis “Freddy” Franco, Pedro Gómez, Manuel Ayala Acevedo y Cleto Giménez.
El dato adquiere todavía mayor peso político porque varios de estos legisladores tienen vínculos directos, familiares o electorales con administraciones municipales de sus departamentos. ABC Color también destacó que entre los 14 existen parlamentarios con parientes intendentes y dirigentes con intereses municipales, además de miembros vinculados al denominado Nuevo Liberalismo, sector liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial Ricardo Estigarribia.
Entre los casos señalados aparecen Roya Torres, cuyo esposo Roque Godoy tiene protagonismo político municipal en Presidente Franco; Marcelo Salinas, ligado políticamente a Mariano Roque Alonso; Luis “Freddy” Franco, con fuertes intereses electorales en Fernando de la Mora; Rodrigo Blanco, con estructura política en Luque; Pedro Gómez, vinculado familiarmente al clan Gómez Verlangieri; y Constancia Benítez, con intereses políticos municipales en Villarrica.
También aparecen nombres como Jorge Ávalos Mariño, Dalia Estigarribia, Pastor Vera Bejarano, Del Pilar Vázquez, Manuel Ayala Acevedo, Ariel Villagra, Graciela Aguilera y Cleto Giménez, todos con presencia y estructuras políticas territoriales que vuelven legítimo preguntar qué relación existe entre sus votos y los intereses municipales que cada sector deberá defender en los próximos años.
Y allí aparece el punto que el PLRA debería explicar.
La Contraloría General de la República no es una institución decorativa. Fiscaliza la utilización de recursos públicos, audita administraciones municipales y examina rendiciones de cuentas. Incluso este mismo año Camilo Benítez fue convocado en Diputados por cuestionamientos relacionados con la liberación de royalties a la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, demostrando el peso que las decisiones del organismo pueden tener sobre administraciones comunales.
Por eso corresponde revisar ahora cómo se encuentran las rendiciones de cuentas, auditorías, observaciones y procesos pendientes de los municipios políticamente vinculados a estos diputados. No para afirmar que existió una negociación sin pruebas, sino porque los propios legisladores dejaron instalada una duda política que merece respuestas.
¿Votaron convencidos de que Camilo Benítez debía continuar?
¿Existieron acuerdos políticos?
¿Hubo condicionamientos?
¿O simplemente coincidieron, los 14, en respaldar al candidato impulsado por la mayoría cartista?
La sospecha aumenta porque el resultado terminó siendo todavía más desfavorable para el propio PLRA. Después de aportar votos para la continuidad de Benítez, los liberales perdieron incluso la Subcontraloría: Armindo Torres fue electo con 49 votos, desplazando al liberal Augusto Paiva.
Mientras una parte de la oposición cuestionaba lo que calificaba como un copamiento oficialista de la Contraloría, 14 liberales terminaron siendo funcionales a la mayoría que hizo posible la continuidad del contralor.
¿ESTE ES EL “NUEVO LIBERALISMO”?
El episodio golpea especialmente el discurso de quienes hablan de renovación dentro del PLRA y, al mismo tiempo, pretenden construir o encabezar una gran alianza opositora rumbo a 2028.
Porque cambiar nombres, movimientos internos o candidaturas no alcanza si permanecen las mismas prácticas.
El liberalismo paraguayo lleva años reclamando ser alternativa al Partido Colorado, pero una vez más una parte importante de su representación parlamentaria terminó siendo decisiva para consolidar una decisión impulsada por el oficialismo.
El “nuevo liberalismo” corre así el riesgo de terminar pareciéndose demasiado al viejo: discursos de oposición en campaña y votos funcionales al poder cuando llega la hora de decidir.
Si el PLRA pretende pedir nuevamente a la ciudadanía que confíe en él como columna vertebral de una alternativa para 2028, primero tendrá que explicar qué ocurrió ayer en Diputados.
Porque antes de hablar de alianzas, renovación y alternancia, hay una pregunta mucho más sencilla:
¿A quién representan estos 14 diputados cuando levantan la mano?
