El diputado y reciente senador electo, Erico Galeano, fue imputado por el Ministerio Público el pasado viernes por tener supuestos vinculos criminales, ahora en conferencia de prensa dijo que todo es una persecución política por parte de su correligionario Derlis Osorio.
El legislador brindó en la mañana de este martes una conferencia de prensa en la que manifestó que no renunciará a sus fueros como legislador y señaló que el proceso en su contra es una «persecución política inmisericorde», además señaló que posee doble inmunidad parlamentaria.
Mencionó que la supuesta persecución está siendo dirigida por el senador Derlis Osorio, presuntamente porque no le quiere pagar unos G. 1.200 millones, correspondientes a un préstamo personal que le hizo en enero del año pasado para la campaña electoral.
El diputado colorado comenzó hablando sobre los alcances de la imputación por lavado de dinero, cuyo hecho principal se relaciona con la compraventa de un inmueble ubicado en la localidad de Altos, en el Departamento de Cordillera.
Dijo que el terreno lo había adquirido en el 2013 por USD 200.000, mientras que en el 2016 se inauguró el condominio y la construcción, teniendo en su poder por lo menos hasta la época en que se inició la pandemia del Covid-19.
También mencionó que la propiedad ya la puso a la venta alrededor del 2017, debido a que su esposa fue diagnostica con cáncer, pero que falleció en abril de 2018.
“Quedó en mis manos la propiedad, hasta el 2019, hasta que vino la pandemia y yo recibí cinco personas interesadas en la casa. No sabíamos dónde ir, todo el mundo estaba buscando el lugar, recibí mucha gente que quiso comprar mi casa, propuestas hasta ese millón”, mencionó el legislador.
Sostuvo que la propiedad se le vendió a Hugo González, pero dijo que nunca lo conoció debido a que la venta se realizó a través de intermediarios.
“Destiné USD 600.000 del millón a una cuenta bancaria, se pagaron todos los impuestos, las comisiones y mucha gente involucrada. No es que yo compré por USD 200.000 y vendí por USD 1.000.000 y que estuve haciendo un lavado exagerado de ese inmueble. Cuando yo compré esa propiedad yo todavía no era diputado. Yo soy diputado desde abril de 2018 y la compra del terreno es del 2013”, sostuvo al respecto.
Sobre la imputación por asociación criminal, cuya sospecha se enmarca en una aeronave de su propiedad que presuntamente era utilizada para el crimen organizado, el legislador sostuvo que se dejó de utilizar por mucho tiempo y que operaba como taxi aéreo.
Alegó que los viajes se hacían vía aeropuertos, en las conexiones de Asunción-Ciudad del Este; Asunción-Encarnación o Asunción-Salto del Guairá, pero que nunca conoció a las personas que abordaron dichos vuelos.
“Yo no sabía quiénes se movilizaban en la aeronave, era la Policía, las autoridades aeroportuarias. Yo no tuve ningún contacto ni con el señor (Sebastián) Marset, ni con el señor (Miguel) Insfrán. Esto para mí es una persecución política donde se están llevando a cabo atrocidades jurídicas”, afirmó.