Mientras la Intendencia de Asunción está formalmente intervenida y bajo auditoría del Ejecutivo, la Junta Municipal —esa estructura paralela que opera sin control ni pudor— sigue funcionando como un feudo propio, sin rendir cuentas a nadie. Y lo más grave: el interventor Carlos Pereira no tiene atribuciones para investigar ni tocar un solo papel de este órgano, convertido en una cueva de clientelismo y despilfarro estatal.
La Junta está conformada por 24 concejales, de los cuales 16 son del Partido Colorado (ANR), 4 del PLRA y 4 de Patria Querida. Con mayoría propia, los colorados han copado la nómina de funcionarios, distribuyéndose los famosos “cupos” como si se tratara de botines personales.
El concejal colorado Juan Carlos Osorio encabeza el podio de la vergüenza: 33 funcionarios figuran a su nombre, según la última planilla salarial. Le sigue Mariano Cáceres (ANR), con 26; Félix Ayala (PLRA), con 23; y en el cuarto lugar hay un triple empate entre Víctor Ortíz (ANR), Marcelo Centurión (ANR) y Humberto Blasco (PLRA), todos con 21 funcionarios. Más abajo, Daniel Ortíz (ANR) con 19 y Ceres Escobar (ANR) con 15. La única que muestra un mínimo de decencia administrativa es Paulina Serrano (Patria Querida), con un solo funcionario a su cargo.
Y la pregunta clave es:
¿Dónde están todos esos funcionarios?
¿Qué hacen? ¿Dónde trabajan? ¿Quién los controla?
Los despachos de la Junta Municipal son minúsculos. Físicamente, es imposible que más de 300 funcionarios (sí, TRESCIENTOS) concurran a sus “puestos de trabajo” al mismo tiempo. Sin embargo, todos cobran puntualmente cada mes, con salarios que van desde G. 2.700.000 hasta más de G. 6.000.000. Algunos incluso reciben un “plus” de G. 1.000.000 y todos tienen un extra de casi G. 300.000 por “salud”.
La Junta Municipal de Asunción no solo es un órgano fuera de control, sino también un símbolo de la decadencia institucional. Un reducto político plagado de operadores, parientes y planilleros con fuero de impunidad. Una vergüenza nacional que sigue operando sin transparencia, sin auditoría y sin vergüenza.
¿Hasta cuándo?
