La administración municipal de Lambaré enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que la concejal Osmayra Pereira presentara una serie de denuncias ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), solicitando auditorías sobre presuntas irregularidades que, según sostiene, habrían ocasionado millonarios perjuicios a las arcas públicas.
La edil afirmó que decidió recurrir a los organismos de control tras lo que considera una falta sistemática de acompañamiento dentro de la Junta Municipal para investigar los hechos denunciados. Según manifestó, varios pedidos de informes y minutas presentados por su bancada fueron archivados o no avanzaron en las comisiones correspondientes, situación que, a su criterio, limita el control sobre la gestión del intendente Guido González.
Uno de los casos señalados guarda relación con una supuesta inconsistencia en el cobro del impuesto inmobiliario a propiedades vinculadas a una empresa privada. De acuerdo con la denuncia, inmuebles que contaban con planos aprobados habrían tributado como terrenos baldíos, generando un perjuicio económico que superaría los G. 100 millones, afectando no solo a la Municipalidad de Lambaré, sino también a fondos destinados a la Gobernación Central, al Ministerio de Economía y Finanzas y a programas de infraestructura vial.
Otra de las observaciones apunta a una diferencia de aproximadamente G. 73.250 millones entre montos ejecutados por la Municipalidad entre los años 2021 y 2025 y los reportados oficialmente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Pereira sostiene que esta situación amerita una auditoría especial para determinar si existieron errores administrativos o eventuales hechos punibles.
Asimismo, la concejal cuestionó adjudicaciones que alcanzarían los G. 23.464 millones a empresas vinculadas a los hermanos Quiroga Báez. Según la denuncia presentada, corresponde verificar si existe alguna incompatibilidad legal debido a que uno de los involucrados desempeñaría funciones dentro de la administración pública.
Las presentaciones también incluyen observaciones sobre diversos procesos licitatorios relacionados con almuerzo escolar, obras viales, provisión de mezcla asfáltica y adquisición de inmuebles. La edil sostiene que existen indicios de irregularidades administrativas que deben ser esclarecidas por los órganos competentes.
En sus declaraciones, Pereira afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos municipales y sostuvo que el control institucional no puede quedar condicionado por intereses políticos. Por ello, solicitó que tanto la Contraloría como la DNCP analicen la documentación remitida y determinen la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Las denuncias se producen en un contexto de alta tensión política en Lambaré, a pocos días de las elecciones internas partidarias, y vuelven a instalar el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el control de la gestión municipal en una de las ciudades más importantes del departamento Central.
