Mientras en Asunción el Ministerio Público logra condenas por irregularidades en compras municipales, en Lambaré persisten cuestionamientos por expedientes que avanzan lentamente o siguen sin una respuesta pública. En el centro de las críticas vuelve a aparecer la administración de Guido González, exintendente y nuevamente candidato a la Intendencia.
¿La Fiscalía funciona de una manera en Asunción y de otra en Lambaré? La pregunta cobra fuerza ante la falta de respuestas sobre denuncias y procesos relacionados con la administración municipal lambareña.
Uno de los casos que genera cuestionamientos es la Licitación ID 445121 para la “Adquisición de Elementos de Limpieza”, adjudicada por la Municipalidad de Lambaré por G. 117.707.000, según consta en el registro de Contrataciones Públicas.
El procedimiento aparece además vinculado a cuestionamientos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según los antecedentes denunciados, entre los puntos observados se encuentra la supuesta falta de exigencia de registros sanitarios vigentes para determinados productos incluidos en el llamado.
La investigación administrativa habría sido abierta en abril de 2025 y posteriormente reasignada en abril de 2026. Más de un año después, los cuestionamientos continúan sin una conclusión pública que permita despejar definitivamente las dudas.
ASUNCIÓN TUVO RESPUESTAS, ¿Y LAMBARÉ?
El contraste con Asunción resulta inevitable.
Esta semana quedó firme la condena contra Edwin López Cattebecke, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, dentro del conocido caso “Detergentes de Oro”. Un Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena de dos años de prisión con suspensión de la ejecución.
El caso investigado por fiscales anticorrupción está relacionado con compras irregulares de productos de limpieza y un perjuicio patrimonial calculado por el Ministerio Público en G. 1.808.956.000.
No significa que el expediente de Lambaré sea jurídicamente igual al denominado “Detergentes de Oro”, ni corresponde adelantar responsabilidades penales. Pero la comparación deja una pregunta legítima: si existen indicios o denuncias sobre irregularidades en contrataciones públicas, ¿por qué las instituciones no ofrecen respuestas rápidas y transparentes también en Lambaré?
GUIDO GONZÁLEZ, OTRA VEZ CANDIDATO
El cuestionamiento adquiere todavía mayor relevancia porque Guido González pretende volver a disputar la Intendencia de Lambaré.
Sobre su administración y su figura política pesan distintas denuncias y cuestionamientos que deberían ser aclarados por las instituciones correspondientes, no archivados en el silencio.
En febrero de este año, por ejemplo, fue presentada ante el Ministerio Público una denuncia que también incluyó al entonces intendente Guido González, junto con un concejal municipal. González rechazó públicamente las acusaciones y las atribuyó a una maniobra política.
Precisamente por la gravedad de cualquier denuncia, la respuesta no puede ser ni la condena anticipada ni el cajoneo: debe ser una investigación seria, rápida y con resultados públicos.
¿UNA JUSTICIA PARA ASUNCIÓN Y OTRA PARA LAMBARÉ?
Si el Ministerio Público puede investigar, acusar y obtener condenas cuando se trata de irregularidades municipales en Asunción, los ciudadanos de Lambaré tienen derecho a exigir la misma diligencia.
¿Dónde están los avances de las causas? ¿Qué diligencias realizó la Fiscalía? ¿Quiénes fueron llamados a declarar? ¿Qué ocurrió con las denuncias relacionadas con la administración de Guido González? ¿Por qué algunos expedientes parecen avanzar a paso de tortuga?
Son preguntas que necesitan respuestas institucionales.
Mientras tanto, González vuelve al escenario electoral y la estructura municipal continúa siendo objeto de fuertes cuestionamientos políticos por su utilización en beneficio de su proyecto de retorno a la Intendencia.
La Fiscalía no puede convertirse en un depósito donde las denuncias políticamente incómodas simplemente acumulen polvo.
Lambaré no puede tener ciudadanos de segunda categoría ni una justicia más lenta por estar fuera de la capital. Si no existen irregularidades, que las investigaciones lo determinen. Y si existen responsabilidades, que se actúe.
Lo que ya no resulta aceptable es el silencio.
Porque cuando una investigación duerme durante demasiado tiempo, la pregunta deja de ser solamente qué ocurrió en la Municipalidad. La pregunta pasa a ser: ¿por qué nadie quiere resolverlo?
