La administración del intendente Guido González, con el respaldo operativo de su sobrino Jover González, vuelve a quedar bajo la lupa por una serie de decisiones que comprometen seriamente el futuro financiero de la Municipalidad de Lambaré. Declarar emergencia vial y solicitar un préstamo de G. 3.000 millones cuando existe presupuesto aprobado para el 2026 plantea interrogantes de fondo: ¿por qué endeudar a la comuna para hacer en cinco meses lo que no se hizo en cinco años?
Préstamo exprés, planificación ausente
La urgencia con la que se impulsó el endeudamiento contrasta con la realidad presupuestaria. El municipio cuenta con previsiones para el próximo ejercicio, pero aun así se opta por cargar al siguiente periodo con obligaciones financieras. La ecuación no cierra: ejecutar obras atrasadas en tiempo récord, vía deuda, no solo es inviable en términos técnicos, sino riesgoso para la sostenibilidad fiscal.
“Cierre sin deudas” vs. pasivos arrastrados
A esto se suma una contradicción clave. El propio intendente afirmó que el 2025 cerró sin deudas. Sin embargo, documentos y estimaciones internas dan cuenta de pasivos acumulados cercanos a USD 15 millones. La distancia entre el discurso oficial y los números reales vuelve a encender alertas sobre la transparencia de la gestión.
Una Junta alineada, incluso desde la oposición
Las decisiones avanzan con el aval de concejales afines en la Junta Municipal, incluidos ediles liberales, lo que consolida una mayoría que aprueba préstamos y medidas excepcionales sin un debate público profundo ni rendición de cuentas suficiente.
Pandemia, FONACIDE y kits con sesgo político
Durante la emergencia sanitaria, la administración municipal quedó señalada por reemplazar almuerzos escolares por kits en el marco del FONACIDE. Más grave aún: entregas con sesgo partidario, en actos encabezados por el intendente y entonces candidatos a concejales, entre ellos Adolfo Lezcano, Víctor Silvera y Arturo Toñanez.
Las observaciones constan en resoluciones de la Contraloría General de la República, mientras que el Ministerio de Educación y Ciencias dejó constancia, vía nota, del deslinde de responsabilidades respecto a la decisión de cambiar almuerzos por kits. Es decir, ni siquiera en pandemia se detuvo el uso discrecional de fondos públicos con fines políticos.
Evidencias documentadas
Las denuncias no se apoyan en conjeturas: fotografías de campaña, resoluciones oficiales y comunicaciones institucionales respaldan los señalamientos. A cada nuevo capítulo de esta serie investigativa, emergen irregularidades o presuntas ilegalidades que comprometen a la cúpula municipal.
Endeudar hoy para tapar inacción pasada, minimizar deudas reales y utilizar programas sociales con lógica electoral configuran un patrón que pone en riesgo al municipio y a los contribuyentes. Lambaré no necesita anuncios de emergencia; necesita transparencia, planificación y control efectivo. Las preguntas siguen abiertas, y las respuestas —documentadas— exigen explicación pública.