La aprobación del permiso al senador Hernán Rivas volvió a exponer una lógica que se repite en el Congreso: cerrar filas antes que asumir costos políticos. La lista de legisladores que acompañaron la medida deja en evidencia un respaldo que, lejos de descomprimir la presión ciudadana, profundiza el cuestionamiento sobre el funcionamiento interno del Senado.
El argumento formal del “permiso” aparece, en los hechos, como una salida intermedia para evitar una definición de fondo: la pérdida de investidura. En ese escenario, la protección política no solo mantiene a Rivas en el cargo, sino que posterga cualquier consecuencia judicial o institucional inmediata. La lectura en distintos sectores es clara: sin ese respaldo, el desenlace podría ser mucho más complejo para el legislador.
Dentro del propio oficialismo, el impacto ya se siente. Dirigentes territoriales reconocen que el caso se convirtió en un factor de desgaste en plena campaña municipal. “Nos pasa factura en los barrios”, admiten, señalando que la defensa de figuras cuestionadas termina trasladando el costo a candidatos locales y debilitando el discurso político frente a la ciudadanía.
El efecto no es menor. Mientras se intenta sostener la cohesión interna, la imagen del movimiento se erosiona con cada decisión que es percibida como corporativa. La protección a Rivas, lejos de cerrar el tema, lo mantiene vigente y lo transforma en un problema político activo que impacta tanto en el gobierno como en la estructura partidaria.
En este contexto, la pregunta ya no es solo por qué lo protegen, sino cuánto más puede sostenerse ese blindaje sin consecuencias mayores en el escenario electoral y en la credibilidad institucional.
