La abogada Cecilia Pérez Rivas, representante legal de una de las víctimas del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que se remitan a la Corte Suprema de Justicia los antecedentes de la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, actualmente acusada por estafa en la misma causa que involucra a la jueza Analía Cibils.
Según el pedido, Aranda Benítez también enfrenta otra causa penal por presuntos hechos de prevaricato y producción de documentos públicos falsos, que se encuentra en trámite ante un juzgado especializado en Delitos Económicos.
La querellante recordó que la Acordada N.º 1597/2021 obliga a comunicar al Consejo de Superintendencia los casos de abogados imputados cuando los hechos puedan afectar la ética profesional, algo que —según el expediente— aún no se habría cumplido.
El caso se originó tras la denuncia de Luciana Bernadet Torres, enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, quien pese a haber pagado una deuda en 2018, hoy sufre descuentos mensuales judiciales que ya elevan el monto reclamado a G. 41 millones. La víctima asegura no haber firmado ningún pagaré.
Para la Fiscalía, Aranda Benítez habría tenido un rol clave dentro del esquema fraudulento vinculado a la extinta mutual Amuclin, que presuntamente operaba con documentos irregulares para generar cobros judiciales indebidos.