En enero de 2022, el intendente de Horqueta, Jorge Centurión, denunció ante la Fiscalía el presunto pago de obras fantasmas por más de G. 5.800 millones, entre ellas empedrados, aulas y sanitarios escolares. La presentación detallaba al menos 21 construcciones inexistentes, que nunca se realizaron en su momento.
Pese a la magnitud del caso, la investigación quedó paralizada durante más de tres años, sin avances ni imputaciones. Durante ese tiempo, varios de los trabajos denunciados fueron finalmente ejecutados por los exintendentes Jorge Urbieta y Eder Campuzano, lo que alteró la naturaleza de la denuncia.
Recién este 19 de agosto de 2025, el Ministerio Público —a través de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA)— inició la verificación de 26 obras, con un notorio retraso. En el barrio Las Palmas, por ejemplo, se constató que una cuadra de empedrado denunciada como inexistente en 2022 fue concluida recientemente.
La tardanza de la Fiscalía no solo complica la comprobación del perjuicio económico y la supuesta lesión de confianza, sino que abre la puerta a la impunidad. Para la ciudadanía horqueteña, esto representa una señal de desconfianza en las instituciones, pues mientras los fondos públicos se diluyen, las necesidades comunitarias quedan insatisfechas.
El caso de Horqueta desnuda dos problemas graves: un presunto esquema millonario de desvío de recursos y la incapacidad de la Fiscalía para actuar con rapidez y eficacia. Cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia.
