Las denuncias que rodean al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ya no se limitan al cuestionado esquema de asesorías dentro del Legislativo. Ahora se suman acusaciones más graves: un supuesto tráfico de influencias ante la Fiscalía General para evitar consecuencias penales en un caso de presunta sobrefacturación durante la pandemia en la Municipalidad de Asunción.
El nombre que vuelve a aparecer en ese contexto es el de Nidia López, señalada por su actuación en plena emergencia sanitaria y quien, pese a las denuncias, continúa al frente de la Dirección de Correos, administrando recursos públicos. Fuentes legislativas sostienen que su permanencia estaría ligada a respaldos políticos de alto nivel.
En paralelo, persisten los cuestionamientos hacia la asesora política Patricia Leguizamón, conocida como “Pato”, quien figura con salario millonario en la Cámara, pero —según fuentes internas— no asistiría regularmente a cumplir funciones. La funcionaria seguiría percibiendo su remuneración con aval administrativo de la Presidencia.
“Ambas situaciones son muy graves y preocupan, porque están sostenidas por el presidente Latorre, además de llenar la institución con funcionarios sin preparación”, afirmó un funcionario de la Cámara que pidió reserva.
Las críticas se intensifican al comparar el escenario con la destitución de la senadora Kattya González por causas consideradas menores por sus simpatizantes. Mientras tanto, Latorre mantiene el control político de la Cámara gracias a la mayoría oficialista, aunque —según trascendidos— varios diputados ya estarían inquietos con su administración.
Las acusaciones son graves y apuntan a un patrón de protección política e institucional. Hasta ahora, no hubo respuesta pública formal de los mencionados.
El debate ya no es solo político. Es institucional.
