La Contraloría General de la República hizo público un dictamen que vuelve a colocar bajo cuestionamiento la actuación de su titular, Camilo Benítez, en el proceso que terminó con la salida de Óscar “Nenecho” Rodríguez de la Municipalidad de Asunción.

El documento, fechado el 17 de julio de 2026, concluye que existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos percibidos por Rodríguez durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y agosto de 2025. La institución verificó sus declaraciones juradas, ingresos, cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, obligaciones tributarias y otros datos patrimoniales.

Según el informe, el patrimonio neto declarado por Rodríguez pasó de G. 118 millones a G. 259 millones, mientras que sus ingresos durante el periodo analizado superaron los G. 1.300 millones. Para la propia Contraloría, el crecimiento patrimonial resultó sustentable y compatible con los ingresos registrados.

Es importante aclarar que este dictamen no analiza directamente el destino de los bonos municipales ni determina que los G. 500.000 millones cuestionados hayan sido administrados correctamente. El examen se limita a establecer si el patrimonio personal del exintendente guarda relación con sus ingresos.

Sin embargo, esa diferencia técnica no elimina la contradicción política.

Camilo Benítez fue uno de los principales denunciantes de la administración de Rodríguez y, en varias declaraciones públicas, sostuvo que durante su gestión habían “desaparecido” alrededor de G. 500.000 millones. Sus expresiones contribuyeron a instalar la idea de que existía un gigantesco agujero financiero y que el entonces intendente debía ser apartado del cargo.

La intervención fue aprobada, el Gobierno de Santiago Peña designó a Carlos Pereira como interventor y Rodríguez terminó fuera de la Municipalidad. Pero posteriormente el propio Pereira declaró que el movimiento del dinero era fácilmente trazable y que esa trazabilidad podía demostrarse.

Si los recursos podían seguirse documentalmente, si sus movimientos tenían explicación y si ahora la Contraloría afirma que no encontró un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos de Rodríguez, corresponde preguntar por qué se habló públicamente de dinero “desaparecido” antes de contar con conclusiones definitivas.

¿Quién ordenó o impulsó a Camilo Benítez a acusar directamente al intendente? ¿Actuó únicamente con base en criterios técnicos o existió una decisión política para sacar a Rodríguez del camino?

También queda pendiente saber si molestaban los reclamos que el entonces intendente realizaba al presidente Santiago Peña para que el Estado pagara las deudas mantenidas con la Municipalidad de Asunción. ¿Su permanencia se había convertido en un problema para el Gobierno o para sectores del propio Partido Colorado?

El documento no demuestra que Peña haya ordenado una persecución. Tampoco absuelve a Rodríguez de todos los cuestionamientos sobre su administración. Pero la secuencia de los hechos permite plantear interrogantes legítimas: la Contraloría presentó las acusaciones, el Congreso autorizó la intervención, el Ejecutivo eligió al interventor y, finalmente, Rodríguez quedó fuera de la Intendencia.

A esta situación se suma otra pregunta inevitable: ¿el caso de Miguel Prieto tendrá la misma salida dentro de la Contraloría?

¿Las graves acusaciones utilizadas para apartarlo del escenario municipal y político terminarán, con el paso del tiempo, en documentos técnicos que reduzcan o contradigan la contundencia de las denuncias iniciales?

Los casos no son necesariamente iguales y cada uno debe ser analizado de acuerdo con sus propias pruebas. Sin embargo, el antecedente de Óscar Rodríguez obliga a observar si la Contraloría aplica el mismo rigor a todos los investigados o si sus actuaciones terminan coincidiendo con las necesidades políticas del poder de turno.

También surge otra interrogante: ¿el premio para Camilo Benítez será su continuidad como contralor general de la República?

Su eventual permanencia en el cargo, pese a los cuestionamientos sobre los límites de su mandato, no podría ser presentada como una simple decisión administrativa. Después de haber encabezado acusaciones con enormes consecuencias políticas, la ciudadanía tiene derecho a saber si su continuidad responderá a una valoración institucional o a una recompensa por los servicios prestados al oficialismo.

Todas estas dudas conducen a una conclusión incómoda: Óscar “Nenecho” Rodríguez, más allá de su carácter, de su forma de actuar y de los cuestionamientos sobre su vida pública o privada, terminó convertido en el pato de la boda.

Lo que todavía falta determinar es de qué boda fue el pato, quiénes se beneficiaron con su caída y cuáles fueron los verdaderos motivos de una operación que, por la sucesión de los acontecimientos, parece haber respondido más a decisiones políticas adoptadas en las altas esferas que a un procedimiento estrictamente técnico.

No se trata de presentar a Rodríguez como inocente ni de borrar las críticas hacia su administración. Se trata de saber si las instituciones fueron utilizadas para investigar hechos concretos o para ejecutar una condena política decidida con anticipación.

Un contralor no está para instalar sentencias mediáticas. Está para auditar, documentar, cuantificar perjuicios, identificar responsables y remitir pruebas sólidas al Ministerio Público.

Cuando la máxima autoridad del órgano de control acusa públicamente y, tiempo después, la propia institución emite un informe que no encuentra incompatibilidad patrimonial, la pregunta deja de ser una simple provocación.

Se convierte en una exigencia democrática:

¿Quién controla al contralor?