Funcionarios del Rectorado de la UNA, deben firmar un acuerdo de confidencialidad, aparentemente esto rige desde la denuncia en donde acusaron a trabajadores del ente por cobrar presunta coima a los estudiantes que deseaban acelerar sus trámites de gestión.
Circula un material en donde la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAyF), cita varios puntos que deben cumplir los funcionarios públicos a la hora de ingresar a esa función. Entre los puntos están:
“No discutir ni divulgar problemas de la institución (pública) que pueda perjudicar la imagen de la universidad”. (Punto 5).
Si bien está escrito en el punto 9 el no aceptar “beneficios” personales que no estén estipulados en sus liquidaciones de salarios; llama la atención las “sutiles” advertencias como el punto 3 de “no divulgar información por ningún medio sin la autorización de la DGAyF”.
En dicho documento, resalta que el funcionario que cometa alguna falta que está estipulada, será sancionado.
La denuncia, indica que un funcionario supuestamente cobraba dinero extra (coima) a estudiantes que deseaban acelerar sus trámites de gestión para obtener su título universitario.
La Ley de Confidencialidad se debe utilizar en su normativa, solo en casos donde se ponga en peligro la administración pública. Este “compromiso de confidencialidad” parece llamativo ya que aparentemente se decidió sacar posterior a las denuncias. La directora jurídica, Abg. Silvia Casaccia, firmó el documento.
La Universalidad Nacional de Asunción, en particular el Rectorado debería preocuparse por las graves denuncias, ver la veracidad del hecho y no amedrentar a los denunciantes.
Cabe mencionar que Marcos Galeano, director académico, había sido acusado por cobrar presuntamente coima a estudiantes. De momento no habría sido sancionado. Aunque desde la UNA, sostienen que no hay denuncia formal.