El derrumbe del edificio en construcción en Encarnación, que dejó dos mujeres fallecidas, expone la desidia criminal de las autoridades municipales y la fragilidad del sistema de control a las obras que violan las normativas vigentes. La ciudadanía encarnacena vive con miedo ente la pululación de nuevos edificios en la ciudad.
Perla Riveros, presidenta de la Contraloría Ciudadana de Encarnación, indicó que exigirán explicaciones al intendente Luis Yd y su equipo técnico, ya que de momento la comuna prácticamente se desentiende de la tragedia que se cobró la vida de una abuela y su nieta, al derrumbarse un edificio que estaba construyéndose. “Exigimos justicia para las víctimas”, acotó.
Fue tajante al calificar lo ocurrido como “un acto criminal de desidia” por parte de los responsables del municipio. “Acá nosotros estamos pagando un acto criminal con dos vidas humanas, es grave. Se cobró una multa y se permitió que la obra continúe, pese a que se estaba construyendo más de lo permitido. Sabían de la irregularidad y no hicieron nada para garantizar la seguridad estructural”, denunció en entrevista con el canal GEN.
La construcción tenía permiso para cinco pisos, pero se identificó que avanzaron hasta ocho niveles, más una terraza con pileta. Según Riveros, hubo múltiples instancias en las que el municipio pudo haber intervenido, pero solo se aplicaron multas sin evaluar si la estructura era capaz de soportar el peso adicional. “Eso es como si te hacen una multa en una barrera y te dejan seguir, aunque estés borracho. Después atropellás a alguien”, comparó.
Riveros confirmó que la Contraloría Ciudadana ya se encuentra en contacto con legisladores para impulsar una revisión profunda de las normativas y exigió al Ministerio Público que investigue a fondo la cadena de responsabilidades.
La entrevistada advirtió que el miedo se apoderó de los encarnacenos tras lo sucedido. “Hoy todos miramos con desconfianza cada torre que creció como hongo en la Costanera. El control municipal brilló por su ausencia”, indicó.
La ordenanza municipal vigente establece con claridad la potestad del municipio de inspeccionar obras en cualquier etapa, suspenderlas si se detectan riesgos y hasta demolerlas. Además establece la responsabilidad del jefe comunal en denunciar alguna irregularidad. “No hay laguna legal”, acotó.