El diputado chaqueño José Domingo Adorno, exgobernador y hoy parlamentario, vuelve a estar en el centro de graves denuncias que comprometen seriamente su permanencia en la Cámara Baja. En esta tercera entrega de la serie de investigaciones sobre irregularidades en Alto Paraguay, se suma una nueva acusación: uso sistemático de su banca para extorsionar a intendentes municipales.
Esta vez, las denuncias llegan desde Puerto Casado, donde el propio intendente del distrito es hermano del diputado Adorno. Sin embargo, lejos de representar una garantía de apoyo institucional, las autoridades locales aseguran vivir un clima de amenazas constantes, pedidos de dinero y presiones indebidas.
“Los aprietes nos hacen a nosotros, los que le ayudamos a llegar primero a la gobernación y luego a la diputación. Estamos hartos de este señor”, declaró una de las víctimas.
Desde distintos municipios —incluyendo Bahía Negra y Puerto Casado— se afirma que Adorno utiliza su lugar en la Comisión de Asuntos Municipales como una plataforma para el hostigamiento y el chantaje político, y no para la gestión de recursos o proyectos de desarrollo.
Un modus operandi: aprietes, amenazas y pedidos “de ayuda”
Según documentos y mensajes que circularían entre autoridades locales, el diputado mantiene una práctica reiterada de pedir transferencias de dinero, favores y apoyos políticos bajo amenaza de represalias.
“Es increíble lo que pasamos en nuestro departamento. Este diputado utiliza su cargo para amenazar y extorsionar, nos pedía dinero todo el tiempo”, señaló otro denunciante.
Hoy, se estaría formalizando una denuncia penal ante el Ministerio Público, donde se solicita investigar estos presuntos hechos de tráfico de influencias, extorsión y coacción a autoridades municipales.
Sin gestión, sin obras, sin respuestas
José Domingo Adorno, conocido ya como el “diputado peajero”, es acusado de no haber gestionado una sola obra significativa para su zona. En lugar de cumplir su mandato de representación y gestión, se ha convertido —según sus críticos— en un “barril sin fondo” que exige sin dar nada a cambio.
Desde su entorno, aseguran que las denuncias forman parte de una “campaña” en su contra, impulsada por la empresa Atenil S.A., aunque no ofrecen pruebas. Pero mientras desmiente y culpa a terceros, no responde por los mensajes en los que solicita ayuda económica de forma constante.
“Debe ser expulsado del Congreso”
Las voces de repudio crecen, no solo en Alto Paraguay, sino también entre sectores políticos que consideran que Adorno ha cruzado límites éticos y legales inadmisibles.
“Necesitamos que el presidente Raúl Latorre y la Cámara de Diputados actúen. Este señor debe perder su investidura por tráfico de influencias y responder ante la justicia. El daño que nos ha hecho es enorme y va a seguir haciéndolo”, sentenció otra autoridad local.
El pedido es claro: la pérdida de investidura y una investigación penal urgente. José Domingo Adorno ya no representa a Alto Paraguay, dicen los denunciantes: lo somete.