El diputado colorado Rodrigo Gamarra vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un ataque directo a la libertad de expresión. Todo comenzó cuando la periodista Francisca Pereira compartió un video viral en el que un ciudadano cuestionaba con dureza el polémico proyecto de ley de Gamarra, que plantea el cobro de peajes en la capital.
Lejos de responder con argumentos, el legislador optó por la descalificación y la amenaza: calificó a la comunicadora de “sicaria” y la acusó de actuar “de mala fe”. Además, anunció que iniciará acciones legales en su contra.
Pereira no tardó en responder y lo definió como un “político de cristal, que está coyunturalmente como diputado y no aguanta las críticas”.
En lugar de debatir ideas, Gamarra se victimizó y aseguró que los cuestionamientos hacia su persona obedecen únicamente a que “es colorado”, intentando desviar la atención del proyecto, duramente rechazado por la ciudadanía.
La reacción del parlamentario enciende las alarmas sobre su estilo de ejercer la política y expone un problema mayor: la persecución a periodistas que cumplen con su labor de informar y cuestionar.
La crítica incomoda, pero no se calla. Los comunicadores no están para aplaudir a los políticos, sino para fiscalizarlos. Si Gamarra no soporta la presión social, quizá debería reconsiderar no solo sus proyectos, sino también su permanencia en el cargo.