El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, mantuvo una reunión este miércoles con el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Economía, en la que expuso la delicada situación operativa del Ministerio Público, al que calificó en un “punto crítico total”.
De acuerdo con lo señalado por el titular del Ministerio Público, la institución arrastra más de diez años sin incrementos sustanciales en su presupuesto, lo que ha derivado en una estructura insuficiente para atender la demanda actual. En ese contexto, afirmó que actualmente se cuenta con apenas el 50% de los fiscales necesarios a nivel país, generando sobrecarga laboral, retrasos en las investigaciones y limitaciones en la cobertura territorial.
Rolón explicó que esta situación impacta directamente en la capacidad de respuesta ante hechos punibles, especialmente en áreas sensibles como crimen organizado, narcotráfico, violencia familiar y corrupción pública. La falta de agentes fiscales, sumada a limitaciones logísticas y tecnológicas, condiciona el avance de causas y el seguimiento eficiente de los procesos penales.
El planteamiento no es nuevo dentro del Ministerio Público. Durante su gestión, la exfiscal general Sandra Quiñónez había advertido en reiteradas ocasiones sobre la insuficiencia presupuestaria y la necesidad de ampliar la planta de fiscales y funcionarios, sin que se hayan concretado reformas estructurales en ese sentido.
Tras el encuentro, el presidente Peña manifestó su compromiso de analizar la situación y gestionar los recursos necesarios para fortalecer la institución, en coordinación con el equipo económico. No obstante, hasta el momento no se detallaron montos ni plazos concretos para una eventual ampliación presupuestaria.
El escenario expuesto por la Fiscalía reabre el debate sobre la capacidad del sistema de justicia para responder a la creciente demanda ciudadana, en un contexto marcado por el aumento de denuncias y la complejidad de los hechos investigados.