Un procedimiento de desalojo realizado en el barrio San Blas, de Rojas Cañada, Capiatá, quedó envuelto en una fuerte denuncia por presuntas irregularidades procesales, impedimento a la defensa y la participación de una abogada que, según la representación legal de la familia afectada, estaría inhabilitada para litigar por su condición de funcionaria pública.
En imágenes difundidas por vecinos y medios locales, se observa el momento de tensión durante el operativo, donde familiares de la mujer desalojada reclaman que no se permitía el ingreso de su abogada al lugar. “No le dejan entrar a la abogada”, se escucha señalar durante el procedimiento, mientras la afectada permanece visiblemente quebrada ante la presencia de intervinientes.
La defensa de la familia sostuvo que existen inconsistencias graves en el proceso y afirmó que ya planteó incidentes de nulidad, además de una medida cautelar urgente. Según explicó la abogada, habría una resolución del Ministerio de Desarrollo Social que anula el contrato de una de las partes y deja el lote en cuestión a favor de Jessica Luján, dato que —según la defensa— ya fue puesto a conocimiento del juzgado.
El caso tomó además un giro político y judicial luego de que la abogada de la familia señalara directamente a Laura Paredes Medina, hija de la exdiputada colorada Del Pilar Medina de Paredes, a quien acusó de estar inhabilitada para ejercer la profesión por ser funcionaria de la Cámara de Senadores. La defensa sostiene que esa condición le impediría litigar en tribunales o juzgados del territorio nacional.
“Ella está inhabilitada porque la ley lo dice, no yo”, afirmó la abogada, quien también anunció que pidió la nulidad de las actuaciones por incompatibilidad legal e inhabilidad para el ejercicio de la abogacía. Además, sostuvo que el caso debe ser analizado por la Corte Suprema de Justicia y por la propia Cámara de Senadores, al considerar que la actuación habría causado un perjuicio irreparable a la familia afectada.
La denuncia también apunta al juzgado interviniente, ya que —según la defensa— pese a los planteamientos presentados, el magistrado habría optado por correr traslado en lugar de resolver de forma urgente la nulidad y la medida cautelar solicitada. Ante esta situación, la abogada afirmó que presentó un amparo en el Juzgado Penal de Garantías N.º 3 de Luque, que debería ser resuelto en las próximas horas.
Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial del juzgado, de la parte que promovió el desalojo ni de la abogada mencionada en la denuncia. Sin embargo, el caso ya genera cuestionamientos por la forma en que se ejecutó el procedimiento y por las derivaciones legales que podrían surgir si se confirma la presunta incompatibilidad denunciada.