Alumnos sin alimentación escolar, contrataciones cuestionadas y salud desatendida: el informe final de la Contraloría expone graves fallas de la administración de Guido González en Lambaré. Las consecuencias golpearon a quienes más protección necesitaban.
El fracaso de una administración se vuelve especialmente grave cuando alcanza la comida y la salud de los niños. Eso documenta el informe final de la Contraloría General de la República sobre alimentación escolar y control sanitario en la Municipalidad de Lambaré, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.
El documento, fechado en marzo de 2023, cuestiona la gestión de Guido González y concluye que existieron incumplimientos significativos y una “gestión insuficiente debido a la inacción de la autoridad”. Una conclusión contundente sobre obligaciones esenciales que la Municipalidad debía cumplir.
En 2021, 1.023 alumnos de cinco instituciones educativas quedaron sin el beneficio del almuerzo escolar y/o kits de alimentos durante los meses de marzo a septiembre. La Contraloría vinculó la falta de ejecución de G. 1.554.321.519 con deficiencias de gestión, programación y planificación, y señaló una falta de cobertura equivalente a 42 días de raciones.
El año siguiente, las fallas volvieron a castigar a los escolares. En 2022, 1.021 alumnos de cinco instituciones quedaron sin la provisión correspondiente a 101 días, entre febrero y julio. El organismo cuantificó esa falta de ejecución y distribución en G. 1.029.560.064.
Detrás de estas cifras hay niños que debían recibir alimentos y una administración que no garantizó la cobertura. La falta de planificación tuvo consecuencias concretas sobre sus derechos.
La auditoría también detectó falencias en contrataciones por excepción, pagos sin publicar en el sistema de Contrataciones Públicas y la continuidad de un procedimiento pese a que la DNCP había declarado su nulidad. A ello se agregaron cambios en la modalidad de provisión sin la correspondiente adenda contractual y deficiencias en la exposición de los saldos iniciales de caja.
El deterioro alcanzó además al control sanitario. La Contraloría señaló incumplimientos relacionados con atención odontológica y oftalmológica, desparasitación, vacunación e higiene y funcionamiento de los baños. Su conclusión fue que se descuidó la salud de los escolares.
La administración alegó insuficiencia de recursos para cubrir todo el año lectivo y defendió la continuidad de la provisión invocando el interés superior del niño. Sin embargo, los descargos no levantaron las observaciones: el equipo auditor mantuvo sus hallazgos y recomendó investigaciones internas para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones.
Estos antecedentes merecen una investigación del Ministerio Público que examine la actuación del exintendente y de los funcionarios involucrados. Si se reúnen indicios suficientes de hechos punibles, deberán formularse las imputaciones correspondientes, con responsabilidades determinadas individualmente.
El balance de la gestión auditada es devastador: fallaron la planificación, los procedimientos y la protección de los escolares. Guido González debe responder políticamente por una administración cuyos incumplimientos golpearon la alimentación y la salud de los niños. Ellos soportaron las consecuencias de una inacción que la Contraloría dejó documentada.