El informe presentado por el interventor Carlos Pereira sobre la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción revela un entramado financiero que, de confirmarse, podría salpicar a gran parte de la dirigencia colorada.
Según los datos oficiales, 58 directores municipales recibieron y repusieron “cajas chicas” por montos millonarios en plena campaña electoral. Lejos de ser simples reposiciones administrativas, las transferencias apuntarían a un esquema de financiamiento paralelo que benefició a candidatos colorados de peso.
Los nombres de los que habrían sido beneficiados —y que hoy ocupan cargos clave— van desde legisladores actuales hasta presidentes de poderes del Estado. Entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y figuras cercanas al propio presidente Santiago Peña.
La pregunta es inevitable: ¿fue solo Lizzarella Valiente, candidata al senado y actual senadora , la beneficiada, o se trató de un esquema mucho más amplio? Los registros muestran que no se trató de casos aislados, sino de una estructura bien aceitada en la que participaron varios actores de la actual cúpula colorada.
La interpretación política es evidente: estos mismos beneficiados, que hoy ostentan poder, habrían tenido fuertes incentivos para blindar a Óscar Rodríguez y presionar por su salida antes de que el caso se profundice. La caída del exintendente no sería entonces un simple episodio aislado, sino el último movimiento de una estrategia para proteger a toda una red.
Si se confirma que los fondos municipales fueron desviados para financiar campañas electorales, estaríamos ante uno de los mayores escándalos políticos recientes, con posibles consecuencias penales y un impacto directo en la credibilidad institucional.