En el marco de la causa A Ultranza Py, surgen cuestionamientos sobre actuaciones dentro del Ministerio Público que, según denuncias, podrían incidir en elementos probatorios relevantes del proceso. Uno de los puntos centrales es el rechazo judicial a un pedido de allanamiento que buscaba incautar documentos vinculados a operaciones investigadas por presunto narcotráfico y lavado de activos.
El juez Francisco Acevedo no hizo lugar al requerimiento presentado por el fiscal Julio Ortiz, quien solicitó intervenir la oficina de la escribana Lourdes Mariño para incautar libros de firmas, en el contexto de una investigación por supuesta producción de documentos no auténticos. La resolución se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con los antecedentes del caso, dichos documentos tendrían relación con escrituras públicas que vinculan a Sebastián Marset y Alberto Koube con bienes investigados dentro del esquema de lavado de activos. La eventual descalificación de estas firmas podría afectar la validez de pruebas consideradas clave dentro de la causa principal.
En paralelo, se registran otras actuaciones impulsadas por personas vinculadas al entorno de procesados en el caso, incluyendo denuncias contra el fiscal Deny Pak y la jueza Rosarito Montanía ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), así como acciones por presunta persecución de inocentes. Estas presentaciones continúan en trámite en instancias administrativas y judiciales.
Asimismo, se menciona una denuncia por producción de documentos no auténticos presentada por Gianina García Troche contra la escribana Mariño, en relación con transacciones que incluyen bienes como la estancia “23 de abril” y participaciones empresariales.
Otro de los puntos señalados es la continuidad de investigaciones y denuncias en distintas unidades del Ministerio Público, algunas de ellas abiertas desde el año pasado, que involucran a personas vinculadas a la estructura investigada en A Ultranza Py.
El caso, considerado uno de los mayores operativos contra el crimen organizado en Paraguay, sigue en desarrollo con múltiples aristas judiciales y administrativas, mientras se analizan los efectos que estas actuaciones podrían tener sobre el avance del proceso principal.