La Contraloría General de la República (CGR) dispuso la realización de exámenes de correspondencia y controles patrimoniales a los 17 gobernadores del país, en medio de una serie de denuncias sobre presuntos manejos irregulares de recursos del programa social “Hambre Cero”.
La decisión surge luego de que en los últimos días legisladores y referentes políticos cuestionaran la administración de fondos destinados a la alimentación escolar, especialmente en algunas gobernaciones. Entre los casos que generaron mayor repercusión se encuentra el de Concepción, donde el festejo de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza, realizado el pasado fin de semana, generó críticas y pedidos de verificación sobre el origen de los recursos utilizados.
Desde la CGR señalaron que el examen de correspondencia permitirá verificar si los bienes, gastos y movimientos patrimoniales de las autoridades departamentales guardan relación con sus ingresos declarados, una herramienta que suele aplicarse cuando existen indicios o denuncias públicas sobre posibles irregularidades.
Las sospechas también se intensificaron tras declaraciones de legisladores del propio Partido Colorado que apuntaron a gobernadores del mismo sector político. En ese contexto, el senador Silvio “Beto” Ovelar fue particularmente crítico y afirmó que algunos gobernadores son “po pohýi”, una expresión utilizada para referirse a personas que manejan dinero de forma irregular o poco transparente.
“En la p… vida pondría la mano en el fuego por algunos gobernadores”, expresó el parlamentario, al referirse a las denuncias que circulan en torno al manejo de recursos públicos.
El programa “Hambre Cero”, impulsado por el Gobierno nacional, concentra millonarios recursos destinados a la alimentación escolar en todo el país, por lo que la correcta administración de estos fondos se convirtió en uno de los principales focos de control por parte de organismos de fiscalización.
Con la decisión adoptada por la Contraloría, las gobernaciones deberán presentar documentación patrimonial y financiera, mientras que el organismo de control analizará si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos o bienes registrados por las autoridades departamentales.
El resultado de estos controles podría derivar en informes que eventualmente sean remitidos al Ministerio Público en caso de detectarse indicios de irregularidades en el manejo de recursos públicos.