Los decretos 5.860 y 5.861/2026, firmados el 24 de abril, abrieron un nuevo foco de cuestionamientos en torno a la política energética del Gobierno.
Sectores técnicos y campañas vinculadas a la defensa de la energía hidroeléctrica sostienen que las normativas mantienen un esquema de beneficios para empresas electrointensivas como criptomineras, centros de datos e industrias asociadas al hidrógeno con tarifas muy por debajo del costo real del sistema.
De acuerdo con el documento difundido, las nuevas disposiciones representan una continuidad de los decretos anteriores (5.306 y 5.307), con modificaciones consideradas menores, y consolidan condiciones preferenciales por hasta 15 años para este tipo de industrias.
El principal cuestionamiento se centra en el precio de la energía. Mientras la Carta Orgánica de la ANDE establece tarifas cercanas a 85,5 US$/MWh considerando costos de generación, transmisión y rentabilidad, los decretos fijan valores que oscilan entre 25 y 45 US$/MWh, dependiendo del tipo de consumo. Esto implica, según el análisis, que la energía se comercializa incluso por debajo del precio de cesión al Brasil, estimado en torno a 50 US$/MWh.
El informe advierte que este esquema genera subsidios de gran magnitud. Para proyectos de “energía a X” (hidrógeno y derivados), el costo acumulado podría alcanzar unos 1.707 millones de dólares en 15 años, mientras que para las denominadas “industrias convergentes” (centros de datos y similares) superaría los 10.000 millones de dólares. En conjunto, el impacto proyectado ronda los 11.700 millones de dólares, con estimaciones que pueden llegar hasta 26.000 millones si se consideran precios de mercado.
Otro de los puntos señalados es el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica asociado a este tipo de emprendimientos. Según los datos citados, el consumo viene aumentando a tasas superiores al 14% anual en los últimos años, lo que podría adelantar el fin de la disponibilidad de energía hidroeléctrica barata antes de 2030. En ese escenario, Paraguay debería recurrir a fuentes más costosas o a la importación de energía.
Las advertencias también apuntan al impacto sobre los usuarios finales. El documento sostiene que, de mantenerse el esquema actual, el costo del sistema terminaría trasladándose a tarifas más altas o a mayores cargas fiscales, además de incrementar la presión sobre la infraestructura eléctrica.
En cuanto al empleo, el informe señala que estas industrias presentan una baja generación de puestos de trabajo en relación con el volumen de energía que consumen, lo que pone en discusión su aporte al desarrollo económico.
En este contexto, las organizaciones que impulsan el pronunciamiento reclaman la derogación de los decretos, al considerar que establecen tarifas por debajo del costo del servicio y comprometen la sostenibilidad del sistema eléctrico de ANDE, en un escenario donde el país depende en gran medida de la energía proveniente de Itaipú Binacional y Yacyretá.