Jueces, camaristas y fiscales aseguran que reciben insistentes llamadas y abordajes relacionados con expedientes judiciales de alto impacto económico. Los testimonios, brindados bajo reserva de identidad, señalan a personas vinculadas al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Una creciente preocupación se instaló en el Poder Judicial ante denuncias sobre supuestas presiones ejercidas contra magistrados y agentes fiscales para intervenir en causas judiciales de elevado valor económico. La situación tendría especial incidencia en la circunscripción judicial de Alto Paraná, aunque también se reportarían hechos similares en otros puntos del país.
Jueces, camaristas y fiscales consultados bajo estricta reserva de identidad, por temor a eventuales represalias, describieron un presunto esquema de llamadas telefónicas, convocatorias y abordajes directos para realizar consultas o pedidos relacionados con determinados expedientes.
Los testimonios recogidos señalan al abogado Gustavo Álvarez, vinculado al equipo del presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla. También mencionan a Enrique Berni, integrante del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Según las fuentes, ambos tendrían interés y realizarían un seguimiento insistente de causas con millonarios intereses económicos. En el caso de Berni, los denunciantes cuestionan además que supuestamente intervenga como abogado litigante mientras ocupa cargos en instituciones con incidencia directa sobre la carrera y permanencia de los magistrados.
Esta situación, advierten, podría representar una competencia desigual para otros profesionales del derecho y generar un conflicto entre el ejercicio privado de la abogacía y las responsabilidades institucionales.
“Los pedidos siempre son por millones de dólares”
La principal preocupación se relaciona con el poder que concentran los organismos involucrados. El Consejo de la Magistratura participa en la conformación de ternas para cargos judiciales, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene la atribución de juzgar y eventualmente remover a jueces y fiscales.
En ese contexto, una llamada o “consulta” proveniente de personas vinculadas a estas instituciones puede ser interpretada por los afectados como una presión o amenaza velada, debido a las consecuencias que podrían existir para sus carreras.
“No nos llaman ni nos convocan para pedir por un caso de prestación alimentaria o una causa de poca monta. Los pedidos siempre están relacionados con litigios de millones de dólares. Ya estamos hartos de estos manoseos”, expresó una jueza cuya identidad permanece protegida.
Magistrados analizarían renunciar
De acuerdo con los testimonios, el clima de tensión habría alcanzado tal magnitud que algunos administradores de justicia estarían considerando presentar sus renuncias. Alegan que la insistencia y el temor a represalias dificultan el ejercicio independiente e imparcial de sus funciones.
Las denuncias exponen una situación de extrema gravedad institucional que requiere una investigación seria y transparente. Una eventual utilización de cargos en organismos de selección y juzgamiento para influir en expedientes particulares constituiría un ataque directo contra la independencia judicial.
Los hechos relatados corresponden a testimonios suministrados bajo reserva y deberán ser investigados por las instituciones competentes. Las personas señaladas deben contar igualmente con la posibilidad de brindar su versión y ejercer su derecho a réplica.