Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público apunta a un presunto esquema de corrupción relacionado con millonarias licitaciones para la provisión de alimentos en el Instituto de Previsión Social (IPS). La presentación solicita investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La denuncia fue promovida por el abogado Guillermo Ferreiro y menciona al exconsejero del IPS y exconcejal de Asunción Carlos Morel Martínez, además de sus hijos Carlos Morel Gadea, exintegrante del Gabinete de Presidencia y actual candidato a concejal, y Rosalba Morel Gadea, nutricionista de planta de la previsional.
De acuerdo con la presentación, los integrantes de la familia habrían utilizado sus vínculos y posiciones dentro de la institución para favorecer a la empresaria María Gloria Paredes y al denominado Consorcio Las Marías en procesos de contratación para la provisión de alimentos.
Uno de los elementos señalados en la denuncia guarda relación con una adjudicación superior a G. 21.491 millones destinada al abastecimiento del Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi.
Según los antecedentes expuestos, Rosalba Morel Gadea habría prestado anteriormente servicios privados como nutricionista para la empresa vinculada a la provisión de alimentos, antes de incorporarse como funcionaria permanente del IPS. Esta situación es presentada por los denunciantes como uno de los elementos que deberá ser analizado para determinar la existencia o no de eventuales conflictos de intereses.
Declaraciones juradas bajo análisis
La presentación también menciona supuestas inconsistencias y variaciones patrimoniales detectadas al analizar declaraciones juradas de integrantes de la familia Morel.
Los denunciantes sostienen que la información obtenida de registros públicos de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) justificaría una investigación sobre el origen y evolución de determinados bienes y recursos.
Otro aspecto incorporado a la denuncia es la relación política entre varios de los señalados y la Seccional Colorada N.º 1 de Asunción, espacio al que también estaría vinculada la empresaria mencionada en la presentación.
La denuncia plantea que estas conexiones podrían haber tenido incidencia en los procesos de contratación, aunque será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal y establecer eventuales responsabilidades.
Hasta el momento, los hechos expuestos corresponden a los argumentos contenidos en la denuncia y no implican una determinación de culpabilidad de las personas mencionadas.
