El anuncio de 100 becas universitarias destinadas exclusivamente a “jóvenes colorados” abre un debate inevitable sobre el uso de estructuras públicas y posiciones institucionales en plena campaña interna.
Richard Reichardt, actual director del Parque Olímpico y precandidato a concejal por el cartismo, presentó la iniciativa como una gestión personal. Sin embargo, el propio anuncio vincula la selección de beneficiarios a un comité político liderado por el candidato a intendente Camilo Pérez, lo que instala dudas razonables: ¿se trata de una política de formación abierta a la ciudadanía o de un mecanismo de captación electoral interna?
Si las becas están dirigidas únicamente a jóvenes afiliados a un sector partidario —y más aún en un contexto de internas coloradas— la medida deja de ser una oportunidad académica para convertirse en una herramienta de posicionamiento político. La educación, por definición, debe ser inclusiva y sin distinción de ideología. Condicionar el acceso a la pertenencia partidaria implica una discriminación indirecta hacia miles de jóvenes que no militan o que simplemente no forman parte del cartismo.
Además, la figura de Reichardt como director del Parque Olímpico obliga a una línea clara entre función institucional y campaña política. Cuando un alto cargo vinculado a una estructura deportiva nacional anuncia beneficios gestionados “desde su equipo político”, la frontera entre gestión pública y estrategia electoral se vuelve difusa.
El mensaje también plantea otra interrogante interna: si las becas se canalizan a través del equipo de Camilo Pérez, ¿están destinadas exclusivamente a jóvenes cartistas dentro del Partido Colorado? En ese caso, ya no hablamos solo de exclusión hacia otros sectores políticos, sino de un beneficio segmentado dentro de la propia interna partidaria.
La discusión de fondo no es la existencia de becas —que siempre serán positivas— sino el criterio de acceso. Si la condición es ser “joven colorado”, el mérito académico queda en segundo plano frente a la afinidad política. Y eso, en cualquier escenario democrático, merece un análisis crítico.
Porque cuando la educación se convierte en herramienta de campaña, el riesgo es que las oportunidades dejen de ser derechos y pasen a ser premios partidarios.
