Las denuncias sobre el manejo de fondos en el ámbito olímpico no son recientes. Según el exatleta de artes marciales Filemón Villar Bareiro, presidente de la Asociación Universal de Taekwondo WT, los cuestionamientos formales por presunta malversación de fondos comenzaron a realizarse a partir del año 2022.
Los señalamientos apuntan a la conducción del Comité Olímpico Paraguayo, actualmente presidido por Camilo Pérez, con Juan Carlos Orihuela como secretario general. Orihuela, a su vez, es titular de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos y fue acusado públicamente por supuestas irregularidades administrativas vinculadas al uso de recursos.
De acuerdo con el denunciante, las observaciones guardan relación con transferencias realizadas por la Secretaría Nacional de Deportes al Comité Olímpico y a ocho federaciones entre 2016 y 2020. En ese periodo —que abarca desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020— el Estado destinó aproximadamente G. 21.000 millones para la participación de ocho atletas. De ellos, siete asistieron por invitación y solo uno, el maratonista Derlys Ayala, logró su clasificación por mérito deportivo.
Villar Bareiro cuestiona que los recursos públicos no se hayan traducido en resultados proporcionales y habla de un esquema de federaciones favorecidas con aportes estatales.
Pedido de informes de la Contraloría
En este contexto, la Contraloría General de la República solicitó informes sobre la gestión del Comité Olímpico Paraguayo, en ejercicio de sus atribuciones de control del uso de fondos públicos.
El requerimiento incluyó el periodo en que Camilo Pérez ejerce la presidencia del COP y Juan Carlos Orihuela ocupa la secretaría general, con el objetivo de verificar la administración de las transferencias estatales.
Proyección política
El caso adquiere dimensión política debido a que Juan Carlos Orihuela integra actualmente el equipo cercano del precandidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez. Ambos provienen de la dirigencia deportiva.
Según fuentes políticas, tras un pedido del presidente Santiago Peña para respaldar la candidatura, se habrían intensificado gestiones ante distintos entes públicos. Versiones recogidas indican que algunos ministros habrían expresado incomodidad por la frecuencia de dichas visitas.
Hasta el momento, no se registran pronunciamientos oficiales de Camilo Pérez ni de Juan Carlos Orihuela respecto a estas acusaciones, que —según el denunciante— fueron formalizadas desde 2022 y continúan generando debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos destinados al deporte.
