En apenas dos años de gobierno, el presidente Santiago Peña no solo consolidó su liderazgo político, sino que también vio cómo una institución financiera vinculada a su propio pasado empresarial, Ueno Bank, se convirtió en una de las principales receptoras de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).
Crecimiento exponencial del vínculo IPS–Ueno
Desde septiembre de 2023, cuando el IPS colocaba apenas G. 70.000 millones en Ueno, la cifra se disparó hasta superar los G. 1,57 billones en julio de 2025, equivalente a más de US$ 210 millones. A esto se suman estimaciones que elevan el acumulado a más de US$ 281 millones en solo 19 meses.
El ritmo de crecimiento es inusual: un banco relativamente nuevo, sin la trayectoria de otros actores del mercado, logró captar una porción desproporcionada de los fondos previsionales, desplazando a entidades históricamente consolidadas.
El hilo invisible de los negocios
Antes de llegar al Palacio de López, Peña fue socio del Grupo Vázquez, accionista de Ueno Holding, matriz de Ueno Bank y Ueno Seguros. Aunque el mandatario afirma haberse desprendido de su participación, no existe transparencia suficiente sobre si la venta fue a terceros independientes o a personas de su mismo círculo empresarial y político.
Ese lazo invisible —aunque formalmente roto— se entrelaza con decisiones de su propio gobierno que han beneficiado de manera directa al banco.
Blindaje legal y conflictos de interés
El crecimiento de Ueno coincidió con la modificación de la Ley de Conflictos de Interés (N.º 7089), impulsada durante este periodo. La reforma eliminó restricciones que impedían a funcionarios públicos ser accionistas de empresas con contratos estatales y redujo los requisitos de transparencia en la declaración de vínculos societarios.
En otras palabras, se abrió la puerta para que los negocios privados de quienes gobiernan convivan sin fricciones legales con los fondos del Estado.
Contratos millonarios y concentración de negocios
Ueno Bank no es la única pieza del engranaje. Empresas del mismo grupo, como Ueno Seguros, ITTI Saeca y Technoma, acumularon contratos y adjudicaciones por más de ₲ 2,5 billones en menos de dos años. El IPS aparece, en este mapa, como el cliente estrella de un modelo que concentra riesgos y despierta sospechas.
Riesgo político y social
Aunque muchas de estas operaciones puedan ser defendidas bajo el paraguas de la legalidad, el verdadero problema es la ética pública. Que un presidente, con vínculos directos o indirectos con un banco, termine gestionando un Estado que multiplica por veinte las colocaciones previsionales en esa misma entidad, erosiona la confianza ciudadana.
El peligro no es solo la percepción de favoritismo y tráfico de influencias: en caso de que Ueno enfrente dificultades financieras, el impacto recaería sobre el propio fondo jubilatorio de los paraguayos, hoy cada vez más expuesto.
A dos años de la administración Peña, el panorama deja en evidencia un triple conflicto: el vínculo empresarial previo del presidente con Ueno, la concentración desproporcionada de fondos del IPS en un banco nuevo, y las reformas legales que redujeron la fiscalización.
El resultado es un escenario donde lo legal se impone sobre lo ético, y donde el límite entre la administración pública y el beneficio privado se vuelve peligrosamente difuso.