La trayectoria de Julio Ariel Cáceres Vega vuelve a quedar rodeada de cuestionamientos. Esta vez, las dudas se concentran en el título universitario con el que se presenta el actual miembro suplente del directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), cuya autenticidad fue puesta en duda mediante denuncias que hasta ahora no recibieron una explicación pública convincente.

Al igual que ocurrió con el caso del exsenador Hernán Rivas, aparecen preguntas elementales que nadie logra responder: ¿en qué universidad estudió Cáceres?, ¿en qué sede cursó?, ¿quiénes fueron sus profesores y compañeros?, ¿en qué año terminó la carrera y dónde se encuentran los documentos académicos que respalden su condición de licenciado?

Hasta el momento, tampoco aparecen compañeros de promoción que puedan confirmar públicamente haber compartido aulas con el funcionario. El silencio no demuestra por sí solo que el título sea falso, pero aumenta la necesidad de que Cáceres y la institución educativa correspondiente exhiban la documentación y despejen cualquier sospecha.

La propia CONATEL confirma oficialmente que Julio Ariel Cáceres Vega ocupa el cargo de director suplente de la institución. Sin embargo, su ascenso dentro del aparato estatal también genera cuestionamientos por la velocidad con la que mejoró su posición económica y política.

Según registros difundidos sobre su paso por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Cáceres figuraba en 2022 como funcionario permanente de COPACO, con un salario básico cercano a G. 2.880.000 y sin una profesión registrada en la nómina. Posteriormente fue comisionado a CONATEL y terminó ocupando un lugar dentro del directorio suplente, donde, según las denuncias, su remuneración mensual rondaría los G. 22 millones.

El salto resulta demasiado grande como para ser tratado como un simple movimiento administrativo: de un sueldo inferior a los G. 3 millones a una posición privilegiada dentro de una de las instituciones encargadas de regular las telecomunicaciones del país.

Detrás de su designación aparece el nombre de José Alberto Alderete, actual asesor político del presidente Santiago Peña y uno de los principales operadores del cartismo. Versiones políticas señalan que el comisionamiento y posterior ascenso de Cáceres habrían sido impulsados por Alderete. Una publicación periodística de 2023 ya recogía el malestar generado dentro del Partido Colorado por una designación que algunos dirigentes calificaron como realizada “a dedo”, además de exhibir la cercanía entre ambos.

Cáceres pasó así de ser un funcionario de bajo rango salarial en COPACO a integrar el directorio suplente de CONATEL, aparentemente respaldado por una estructura política poderosa. El problema ya no es solamente cuánto cobra, sino cuáles fueron los méritos académicos, técnicos y profesionales utilizados para justificar su nombramiento.

Si efectivamente posee un título universitario válido, debería resultar sencillo informar dónde cursó, presentar su certificado de estudios y permitir que las instituciones competentes verifiquen los antecedentes. Pero mientras esas respuestas no aparezcan, el caso seguirá alimentando la sospecha de que en el Estado paraguayo los padrinazgos políticos pueden pesar más que la formación y la capacidad.

La historia del supuesto título de Hernán Rivas demostró el daño institucional que provoca colocar a una persona en cargos relevantes sin verificar rigurosamente sus credenciales. En aquella causa, el Ministerio Público llegó a sostener que el entonces senador habría utilizado documentos académicos que no se correspondían con la realidad.

Por eso, CONATEL, COPACO, el Ministerio de Educación y Ciencias y la universidad que supuestamente expidió el título de Cáceres tienen la obligación de aclarar públicamente el caso. También José Alberto Alderete debería explicar cuál fue su intervención en el traslado y designación del funcionario.

No basta con responder que se trata de una persecución política ni con escudarse detrás del Partido Colorado. Cuando una persona cobra millones del Estado y ocupa un cargo de decisión, sus antecedentes académicos y profesionales dejan de ser un asunto privado.

La ciudadanía tiene derecho a saber si Julio Cáceres llegó al directorio de CONATEL por sus méritos y preparación o simplemente porque contó con el respaldo del padrino político correcto.