La huelga de médicos terminó mostrando algo que va mucho más allá de una discusión salarial: la enorme capacidad que tienen determinados grupos económicos para instalar un relato cuando sus intereses coinciden con los del Gobierno.

Durante los últimos días, mientras miles de médicos reclamaban mejores condiciones laborales, reajuste salarial, desprecarización y pago correspondiente por feriados trabajados, parte de la prensa concentró sus esfuerzos en presentar la protesta casi exclusivamente desde el costo económico, las molestias ocasionadas o las supuestas contradicciones del sindicato.

Los reclamos, sin embargo, existen y fueron reconocidos incluso en reuniones oficiales del Congreso. El Sindicato Nacional de Médicos planteó cuatro puntos centrales: mejores condiciones laborales, recuperación del poder adquisitivo, nombramiento de profesionales que permanecen contratados desde hace años y pago doble por el trabajo realizado durante feriados.

Pero detrás de la batalla comunicacional aparece un dato que merece atención.

El Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, construyó en poco tiempo uno de los conglomerados de comunicación más importantes del país. Actualmente controla medios como Trece, Unicanal, La Tribuna, Crónica, radios La Tribu y Tropicalia, además de otras plataformas. La adquisición de Trece y Unicanal fue confirmada públicamente este año.

Al mismo tiempo, Ueno Bank recibió importantes depósitos provenientes del Instituto de Previsión Social.

La propia entidad bancaria reconoció públicamente haber administrado recursos del IPS y sostuvo que las operaciones se realizaron dentro de procedimientos abiertos y competitivos.

La controversia aumentó cuando el director de Inversiones del IPS admitió que Ueno había superado el límite de concentración establecido para recursos de la previsional, situación que posteriormente derivó en ajustes de la cartera. Investigaciones periodísticas también señalaron que entre recursos del IPS y otras instituciones públicas el banco llegó a captar montos multimillonarios.

Y allí aparece una contradicción difícil de ignorar.

Los aportantes del IPS financian con sus recursos un sistema previsional que deposita miles de millones en una entidad perteneciente a un poderoso conglomerado privado; ese mismo conglomerado posee hoy una extensa estructura de medios que participa activamente en la construcción de la opinión pública.

No existe evidencia pública que permita afirmar que el dinero del IPS haya sido utilizado directamente para comprar esos medios. Pero eso no elimina una pregunta legítima sobre concentración económica, financiera y comunicacional.

Mucho menos cuando una parte de esos medios adopta una línea editorial claramente crítica hacia quienes hoy reclaman mejores condiciones dentro del sistema público de salud.

Resulta llamativo observar a periodistas que durante años construyeron su imagen denunciando abusos del poder convertirse ahora en los principales fiscales de una protesta sindical, repitiendo argumentos gubernamentales y poniendo bajo sospecha a los médicos antes que cuestionar cómo se administra el dinero público.

Los médicos también pueden ser cuestionados. Sus cifras, propuestas y métodos de protesta deben ser sometidos al mismo escrutinio que cualquier reclamo público. Lo que no corresponde es transformar al periodismo en una herramienta destinada a desacreditar al trabajador mientras se relativizan los vínculos económicos existentes alrededor del poder.

El Gobierno sostiene que financiar el reajuste solicitado resulta prácticamente imposible y asegura haber presentado alternativas. El sindicato, por su parte, denuncia años de deterioro salarial y sostiene que el salario médico perdió significativamente poder adquisitivo desde 2012.

Ese debate debe darse con números sobre la mesa.

Pero también debe discutirse quién controla los medios que cuentan esos números, qué intereses económicos existen detrás de ellos y qué relación mantienen esos grupos con el Estado.

Porque cuando el dinero de los asegurados termina depositado por miles de millones en una entidad perteneciente a un conglomerado que, paralelamente, concentra bancos, empresas y medios de comunicación, la transparencia deja de ser una opción.

Se convierte en una obligación.

Y cuando esos mismos medios utilizan medias verdades para atacar una protesta laboral mientras evitan mirar con la misma intensidad hacia los negocios y privilegios que rodean al poder, ya no estamos solamente ante una discusión sobre médicos.

Estamos ante una discusión sobre quién tiene el poder de contar la realidad en Paraguay.