La Municipalidad de Asunción se encuentra en el centro de un nuevo escándalo, tras revelarse una maniobra financiera sospechosa que involucra a la empresa Empo Ltda. y Asociados, su exintendente Óscar «Nenecho» Rodríguez y el actual director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina.
La polémica gira en torno al presunto pago irregular de más de G. 16.870 millones a tres acreedores de la firma, lo que ha levantado sospechas de evasión fiscal.
Todo comenzó cuando la Junta Municipal de Asunción, a solicitud del concejal Álvaro Grau, aprobó un pedido de informe sobre los pagos realizados por la administración de «Nenecho» Rodríguez a los acreedores de Empo, empresa que en su momento tuvo la concesión del servicio de disposición final de residuos en Cateura. Se descubrió que, en marzo de 2023, los representantes de Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domingues de Queiroz, habían cedido el crédito de G. 16.870 millones que la municipalidad les adeudaba desde 2021.
La polémica triangulación de pagos
Según los informes, los representantes de Empo realizaron cesiones de crédito a tres partes:
* Platina SA, una empresa también representada por Enrique Ortuoste, recibió G. 5.153 millones.
* Universo Créditos y Consumo SA obtuvo G. 3.061 millones.
* Agustín Encina Pérez, actual director de Contrataciones Públicas, cobró G. 8.655 millones por acuerdos extrajudiciales y honorarios profesionales.
En abril de 2023, el entonces intendente Rodríguez firmó la resolución que autorizó estos pagos, los cuales se ejecutaron entre el 17 y 18 de mayo de ese año.
¿Evasión fiscal y tratos preferenciales?
La principal preocupación planteada por el concejal Grau es que esta maniobra se realizó mientras Empo tenía el Registro Único del Contribuyente (RUC) bloqueado por deudas con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Grau calificó los pagos como un «candado» del Estado para que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales.
El concejal ha solicitado que se investigue quiénes autorizaron estos pagos y si la Municipalidad tenía conocimiento del RUC bloqueado de Empo. Además, denunció el trato preferencial que la administración de Rodríguez tuvo con la firma, contrastándolo con las dificultades que enfrentan las comisiones vecinales para obtener fondos cuando tienen deudas tributarias.
Un historial de «maniobras»
Esta no es la primera vez que la firma Empo se ve envuelta en polémicas por supuestas evasiones. En 2018, la empresa ya había transferido su cesión a «Empo Ltda. y Asociados» porque «Empo S.A.» estaba bloqueada en la SET. A pesar de que la Junta Municipal suspendió los pagos en mayo de 2018 al descubrirse un certificado tributario irregular, la suspensión fue revocada meses después, con el voto a favor de 14 concejales, entre ellos, el entonces concejal «Nenecho» Rodríguez.
Estos hechos incluso motivaron una denuncia penal por producción de documentos no auténticos y estafa, que finalmente fue desestimada por el Juzgado Penal de Garantías en noviembre de 2023.
Dinero de bonos desviado
Para agravar la situación, un informe del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, reveló que los pagos a los acreedores de Empo se realizaron con dinero proveniente de los bonos G8, que estaban destinados a obras públicas.
Según Pereira, la administración de Rodríguez justificó un «monumental desvío» de G. 512.000 millones de estos bonos para cubrir gastos corrientes, como el pago a los acreedores de Empo. Esta situación, que coincidió con la época de campaña electoral, subraya aún más la gravedad del caso y la opacidad en el manejo de los fondos públicos.