Las críticas contra la gobernadora de Concepción, Liz Meza, no se centran en la celebración de los quince años de su hija, sino en el contexto y las decisiones que rodearon el evento.
El cuestionamiento apunta, en primer lugar, al amplio despliegue policial que derivó en un acordonamiento de varias cuadras en la ciudad, generando malestar entre vecinos que denunciaron restricciones inusuales en la circulación. A ello se suma la magnitud de los gastos atribuidos a la fiesta, que —según versiones de asistentes— habrían rondado los 500 mil dólares, cifra que contrasta con la declaración jurada presentada al asumir el cargo, donde consignó un patrimonio cercano a los 2.000 millones de guaraníes.
La ambientación del evento fue descrita como de alto nivel: temática inspirada en cuentos de realeza, escenografía con castillo incluido, siete cambios de vestido, modelos contratados para representar “príncipes”, menú internacional, bebidas sin restricción y servicios especializados traídos del extranjero. La organización estuvo a cargo de un planificador brasileño, con logística y equipamiento importados, según los propios organizadores.
El debate público no gira únicamente en torno a una fiesta privada, sino a la señal política que transmite una demostración de lujo en un departamento históricamente golpeado por carencias estructurales, donde persisten denuncias por deficiencias en salud y alimentación.
En este escenario, surgen interrogantes que deberían ser esclarecidos por los organismos de control, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. También se plantea la necesidad de una postura institucional del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Santiago Peña, ante las dudas instaladas en la opinión pública.
El eje del reclamo no es una celebración familiar, sino la percepción de abuso, ostentación y posible desproporción patrimonial en el ejercicio de una función pública que administra recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía.
La transparencia no debería ser opcional cuando se trata de quienes manejan fondos públicos en uno de los departamentos más vulnerables del país.