La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, junto con los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, además del senador Derlis Maidana y Enrique Berni, son señalados por sectores críticos como parte del bloque político que evitaría una investigación contra los fiscales que intervinieron en la causa del fallido proyecto Metrobús.
La controversia gira en torno a los agentes fiscales Aldo Cantero Adle, Silvia Cabrera Silva y María Estefanía Grisetti, quienes habían solicitado el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y de otros procesados en la causa Metrobús.
El caso generó fuertes cuestionamientos debido al millonario perjuicio económico que habría dejado el frustrado proyecto de transporte. Según la acusación del Ministerio Público, el daño patrimonial al Estado asciende a aproximadamente G. 180.000 millones.
La investigación del caso Metrobús apunta a supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto impulsado durante el gobierno de Horacio Cartes, especialmente en torno al uso de préstamos internacionales, obras inconclusas y pagos que habrían ocasionado graves pérdidas al Estado paraguayo.
Diversos sectores cuestionan ahora la postura asumida dentro del JEM, sosteniendo que la eventual falta de investigación a los fiscales podría consolidar un nuevo episodio de impunidad en uno de los casos más emblemáticos relacionados con el manejo de fondos públicos en los últimos años.
La situación vuelve a instalar el debate sobre la independencia de los órganos de control y el rol del JEM frente a decisiones fiscales y judiciales altamente sensibles para la ciudadanía.