El juez Humberto Otazú ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre una lujosa propiedad atribuida al diputado Esteban Samaniego (ANR) y su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, tras sospechas de que fue construida con G. 1.108.599.918 presuntamente desviados de fondos públicos.
La medida, solicitada por la Fiscalía, busca evitar que el inmueble sea transferido o modificado mientras avanza la investigación. Si bien la casa fue edificada y mejorada por el matrimonio, legalmente figura a nombre de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, madre del legislador.
Según la acusación presentada contra Corvalán, la investigación determinó que entre 2017 y 2018, mientras Samaniego ejercía como intendente de Quyquyhó, la pareja habría obtenido beneficios económicos indebidos mediante el desvío de recursos municipales.
Estos fondos habrían sido utilizados para la construcción de una vivienda de dos plantas y 306 m², ubicada en la intersección de Padre Juan María Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. El inmueble está dentro de la propiedad de la madre del diputado, quien además convive con el matrimonio.