“No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se cumpla un derecho”, afirma Maximiliano Marecos, quien denuncia públicamente la grave situación que enfrenta su abuela, Matilde Gallagher, de 82 años, internada en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según Marecos, su abuela sufre de problemas cardíacos severos y padece Alzheimer. A pesar de su delicado estado de salud, denuncia que no recibe la atención médica adecuada ni el tratamiento que requiere con urgencia.
Ante la falta de respuesta, la familia recurrió a la justicia y obtuvo una resolución favorable: un juez ordenó que la paciente sea atendida de forma inmediata. Sin embargo, según relata el nieto, la orden judicial no está siendo acatada.
“Nadie quiere firmar, nadie se compromete. Se pasan la responsabilidad unos a otros, mientras mi abuela sigue esperando”, lamenta Marecos.
Critica duramente el sistema de salud y la actitud de los profesionales del IPS, quienes —según la denuncia— no asumen la responsabilidad ni respetan la orden judicial.
“Es muy duro ver cómo, en lugar de ayudar, te cierran puertas. Mi abuela tiene derecho a vivir, a ser atendida con dignidad”, agrega.
La familia exige una respuesta urgente y advierte que este tipo de situaciones no pueden repetirse. “No queremos que esto le pase a otra persona. No se puede jugar con la vida de nadie. No se puede mirar para otro lado cuando una persona mayor, enferma, está esperando ser atendida”, concluye.