Independientemente de qué es lo que establece el Decreto N.º 303/2025 del gobierno argentino sobre Yacyreta, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es, como establece su Tratado, una entidad binacional y de ninguna manera se puede aceptar su manejo vía decretos argentinos, con la complacencia de Peña, quien renuncia al ejercicio de la soberanía nacional.
El decreto argentino, faculta “a la Secretaría de (…) Energía (…) a suscribir el ‘Acta de Acuerdo’ entre la EBY, la ANDE y la Secretaría (…) de Energía”, con el declarado objeto de fijar un compromiso de pago, o tarifa EN EFECTIVO, de 28 US$/MWh, aunque manteniendo una tarifa real mucho más alta, basada en la no ratificada nota reversal de 1992, pretendiendo cobrar así una ilegal deuda de la EBY con el Tesoro argentino, según el Acuerdo Cartes-Macri (2017).
El Tratado establece que el Consejo de Administración de Yacyretá fijará la tarifa y que deberá ser igual, cada año, al costo del servicio. Tal tarifa no se puede establecer mediante un opaco “acuerdo entre la EBY, la ANDE y la Secretaría de Energía (de Argentina)”. Al respecto, se desconoce cuál es el costo del servicio y si existe o no una deuda del Tesoro argentino que incide en tal costo.
La postura paraguaya es que la deuda de Yacyretá con el Tesoro Argentino, basada también en dos decretos arbitrarios argentinos, uno del dictador Videla y otro idéntico de Alfonsín, que replicó al primero, debe ser cero. Estos decretos unilaterales pretendían que el Tesoro argentino podría ser prestamista de la EBY y no aportante de capital, para obras complementarias, en tanto el Tratado es muy claro que los Estados pueden aportar capital para su construcción, o bien recurrirse a préstamos de terceros, como de hecho recurrió Yacyretá ante el BID y BM para las obras principales.
El Acuerdo Cartes-Macri, lamentablemente ratificado por el Congreso paraguayo en el 2018 y repudiado por la ciudadanía nacional, aunque nunca aprobado por el Congreso argentino, reconoció una deuda espuria con el Tesoro argentino por más de 4.000 millones de dólares, que de ninguna manera debe ser tenida en cuenta para fijar el costo del servicio de electricidad y, consiguientemente, la tarifa. Cobrar esta deuda parece ser la intención del citado decreto argentino. Además, la EBY, por iniciativa argentina, difirió el pago de la compensación en razón del territorio inundado, cuya acreencia es hoy de mucho más de 1.000 M US$ a favor del Estado paraguayo.
El decreto de Milei y el Acuerdo Anexo parecen encaminarse a reflotar nuevamente el Acuerdo Cartes – Macri y dar vigencia a una deuda espuria, a favor del Tesoro argentino, que ya en el 2014, al cumplirse los 40 años de vigencia del Anexo C, debía estar sí o sí cancelada tal como sucedió en Itaipú, cuya deuda efectivamente fue cero al término de la vigencia del Anexo C, en este caso a los 50 años. Milei pretende recuperar tal deuda, auto-asignándose una tarifa en efectivo mucho menor y no pagarnos en efectivo la compensación por el territorio inundado, mediante la aplicación de una tarifa real total, mucho mayor a 28 US$/MWh, basada en la no reconocida nota reversal 1992. Se beneficiará, así, con una energía paraguaya baratísima, muy por debajo del precio de mercado.
En resumidas cuentas, es un avasallamiento a nuestra soberanía que sea el gobierno de Milei el que pretenda legalizar una deuda con el Tesoro argentino que debió ser cero ya en el 2014, sin acordarse siquiera en pagarnos la compensación en razón del territorio inundado, ni, tampoco, reponer el ferrocarril inundado por Yacyretá que ha perjudicado enormemente al Paraguay, como país sin costa al mar, con la complacencia de Peña. Al final de cuentas, el Paraguay aportó el 80% del territorio que hizo posible Yacyretá, hubo un enorme lucro cesante y hasta hoy, después de más de 30 años de operación de esta central, no vimos un sólo céntimo en tal concepto, en abierta violación a su Tratado. En cambio, Milei se apresta a recaudar para el Tesoro argentino una deuda ilegal y a seguir recibiendo una energía paraguaya regalada, pagando en efectivo tan sólo 28 US$/MWh, más la compensación por la cesión de energía, que sigue congelada, y a veces nos pagan y a veces no.