El 17 de agosto de 2023, el Dr. Jorge Magno Brítez Acosta asumió la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) con la promesa de revertir la crisis sanitaria heredada de la administración anterior. Sin embargo, sus 967 días de gestión estuvieron marcados por desabastecimiento, deudas, cuestionamientos por manejo de recursos y hechos de negligencia. La presión del sector civil derivó en su renuncia.
Desabastecimiento de medicamentos
Los datos reflejan un problema persistente. En setiembre de 2023, el IPS registraba 125 ítems sin stock. Para agosto de 2025, la cifra bajó a 48 —aún cuestionada—, pero la mejora no se sostuvo. En febrero de 2026, el 32% del listado básico volvió a faltar, y en marzo se alcanzaron 154 medicamentos sin disponibilidad.
Cuestionamientos por uso de recursos
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), difundido en febrero de 2026 y correspondiente al ejercicio 2024, señala pagos por más de G. 4.880 millones en bonificaciones. De ese total, más de G. 3.000 millones se otorgaron fuera de rango y más de G. 1.400 millones correspondieron a beneficios para directores que no se ajustaban a la normativa.
Casos de negligencia
En mayo de 2025 se denunció la muerte de un bebé tras un procedimiento irregular durante el parto; posteriormente, se detectaron gasas olvidadas en el útero de la madre. En octubre, una niña de 7 años falleció tras complicaciones posteriores a una extracción dental. En 2026, los casos continuaron: en el Hospital Ingavi se extirpó la mama equivocada a una paciente oncológica.
El hecho más crítico fue la muerte del funcionario Braulio Vázquez (48), quien esperó 59 horas por un cateterismo que debía realizarse en 24. El angiógrafo estaba fuera de servicio por falta de mantenimiento, y auditorías confirmaron que los contratos vencieron sin renovación oportuna.
Irregularidades en contrataciones
Varias licitaciones paralizadas en la DNCP reflejan trabas en la gestión. Al menos cinco procesos iniciados a finales de 2025 siguen sin avances por protestas e indicios de direccionamiento. Entre ellos, la rehabilitación vial del Hospital Central (G. 2.500 millones) permanece estancada desde septiembre, y el servicio de fumigación (G. 21.192 millones) está bajo análisis.
También se suspendieron la digitalización de documentos (G. 17.000 millones), la provisión tercerizada de alimentos y la compra de reactivos para el Hospital Ingavi, esta última por más de G. 103.000 millones, tras objeciones e investigaciones en curso.
