INVESTIGACIÓN canal-e | NOTA DE PORTADA

Lakmi S.A.: la empresa amonestada que acumula contratos de alimentación con el Estado

Lakmi S.A., una firma dedicada principalmente a servicios gastronómicos, aparece desde hace años como proveedora de distintas instituciones públicas, municipalidades y gobernaciones. Sus contratos abarcan desde kits y alimentación escolar hasta desayunos, almuerzos y cenas para pacientes y funcionarios del Instituto de Previsión Social.

La empresa está registrada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con el RUC 80054786-1. En el portal oficial figura Pablo Antonio Aguilar Godoy como representante legal y aparece expresamente identificada como “proveedor amonestado”. Su inscripción como proveedora data de septiembre de 2010.

Sin embargo, documentos presentados ante la Contraloría General de la República permiten conocer más detalles sobre la composición de la sociedad. En una declaración jurada empresarial figuran como socios accionistas Máximo Piris Meza y Karina Piris Medina. El documento señala que la sociedad tenía 100 acciones emitidas, con un valor nominal de G. 10 millones cada una.

En la declaración patrimonial individual de Máximo Piris Meza se consignan 80 acciones de Lakmi S.A., por un valor declarado de G. 800 millones. La documentación también registra dividendos y cuentas por cobrar vinculadas a la empresa. Estos datos corresponden a la declaración disponible en la Contraloría y no permiten determinar, por sí solos, si la estructura accionaria continúa siendo exactamente la misma en 2026.

Contratos millonarios con el IPS

La relación comercial de Lakmi S.A. con el IPS no es nueva. En la documentación patrimonial presentada ante la Contraloría ya aparece un contrato plurianual con la previsional, fechado en junio de 2020, por más de G. 2.998 millones. También se registraban cuentas por cobrar al IPS por más de G. 1.492 millones.

Más recientemente, la empresa fue adjudicada para la provisión de alimentos en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi. La Resolución del Consejo de Administración N.º 094-009/2025, del 18 de diciembre de 2025, estableció un monto mínimo de G. 13.280 millones y un máximo de G. 26.561 millones.

El procedimiento quedó rodeado de cuestionamientos porque el llamado había sido suspendido previamente por la DNCP, pero posteriormente apareció como adjudicado a Lakmi S.A. Además, el código del contrato habría sido emitido recién el 4 de mayo de 2026, varios meses después de la resolución de adjudicación.

Ahora surge una situación similar en el proceso destinado a la provisión de alimentos para dependencias del IPS vinculadas al Hospital 12 de Junio. Según los antecedentes recogidos por canal-e, Lakmi S.A. volvió a presentarse y el llamado figura actualmente como suspendido.

La secuencia genera interrogantes: un procedimiento suspendido, la continuidad de las actuaciones administrativas y una empresa que vuelve a competir por otro contrato millonario dentro de la misma institución.

Una firma con presencia en numerosas instituciones

Los antecedentes públicos muestran que Lakmi S.A. ha participado y obtenido adjudicaciones en municipalidades, gobernaciones y organismos estatales.

En 2020, la Municipalidad de San Antonio le adjudicó una compra de kits de alimentos por más de G. 1.220 millones, pese a que había presentado una oferta superior a la de otros competidores. La adjudicación fue posteriormente rechazada por la Junta Municipal ante sospechas de direccionamiento, según publicaciones de la época.

También existen documentos que la identifican como proveedora de almuerzo escolar en municipios como Yuty y Nueva Colombia, entre otras instituciones.

En diciembre de 2025, Lakmi S.A. firmó además un contrato con Petropar, nuevamente representada por Pablo Antonio Aguilar Godoy.

La amplitud de sus adjudicaciones convierte a la empresa en una de las proveedoras recurrentes del Estado dentro del rubro alimenticio.

Denuncias sobre presiones

La empresa que anteriormente prestaba el servicio de alimentación en IPS Ingavi afirmó a canal-e que habría recibido presiones para abandonar la provisión.

De acuerdo con el testimonio, un “alto funcionario del Estado” habría intervenido para quitarle el contrato. La fuente sostuvo que las presiones fueron constantes y que la situación incluso le habría provocado problemas de salud.

Este relato constituye una denuncia de la empresa afectada y deberá ser investigado y contrastado por los organismos de control. Hasta el momento, no existe una resolución pública que identifique al funcionario mencionado o confirme judicialmente esas presiones.

Rumores de utilización del nombre de Alliana

En círculos vinculados a las contrataciones públicas circulan versiones que intentan relacionar a Lakmi S.A. con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, o con personas que supuestamente utilizarían su nombre para gestionar adjudicaciones.

No obstante, canal-e no encontró hasta ahora documentación societaria, contractual o administrativa que demuestre que Pedro Alliana sea propietario, accionista o beneficiario de Lakmi S.A.

Por lo tanto, esa supuesta vinculación no puede presentarse como un hecho comprobado. Corresponde que el vicepresidente, el IPS, la DNCP y los representantes de la empresa aclaren públicamente si existieron intermediaciones políticas o gestiones realizadas en nombre de autoridades del Poder Ejecutivo.

Preguntas que deben responder el IPS y la DNCP

La investigación plantea varios puntos que requieren explicación:

¿Por qué un procedimiento suspendido para IPS Ingavi terminó posteriormente adjudicado? ¿Qué decisión levantó o modificó la suspensión y en qué fecha? ¿Por qué transcurrieron varios meses entre la resolución del IPS y la emisión del código contractual? ¿Cuál es el motivo concreto de la suspensión del proceso correspondiente al Hospital 12 de Junio? ¿Cuántas sanciones o amonestaciones recibió Lakmi S.A. y por qué incumplimientos? ¿Quiénes son actualmente todos sus accionistas y beneficiarios finales?

La DNCP confirma que Lakmi S.A. está amonestada, pero la información visible en la ficha general no explica por sí sola todos los antecedentes ni las circunstancias de cada procedimiento.

Al tratarse de servicios de alimentación destinados a pacientes, funcionarios y estudiantes, la transparencia no puede limitarse a publicar una adjudicación. El Estado debe explicar cómo se evaluaron las ofertas, por qué se levantaron las suspensiones y quiénes intervinieron en cada decisión.

Lakmi S.A., el IPS, la DNCP y la Vicepresidencia de la República tienen abierto su derecho a réplica y aclaración ante canal-e.