A poco más de un mes de las elecciones municipales, la intendenta interina de Lambaré, Magalí Jazmín Franco, solicitó a la Junta Municipal una ampliación presupuestaria que, según los documentos oficiales, asciende a G. 4.000 millones, y no solamente a G. 3.000 millones.

El pedido está fechado el 31 de agosto de 2026 e ingresó oficialmente a la Junta Municipal el 1 de septiembre, apenas 33 días antes de los comicios del 4 de octubre. La cercanía con las elecciones y la amplitud de los rubros incluidos despiertan serios cuestionamientos sobre el verdadero propósito de esta millonaria maniobra presupuestaria.

Del total solicitado, G. 2.000 millones serían destinados al programa de infraestructura y servicios municipales: G. 500 millones para alquileres, G. 500 millones para bienes de consumo, G. 500 millones para materiales de construcción y otros G. 500 millones para servicios de limpieza, aseo y fumigación.

Los otros G. 2.000 millones se distribuirían entre servicios bancarios, servicios técnicos y profesionales, transferencias al Ministerio de Hacienda, la Gobernación de Central y CONSALAM.

La documentación habla de “proyecciones” hasta diciembre de 2026, pero el pedido aparece en plena recta final electoral. Pretender contratar, ejecutar, fiscalizar y justificar correctamente obras y servicios de esta magnitud en tan corto tiempo resulta, cuanto menos, materialmente cuestionable.

La presentación deja al descubierto una administración que, en lugar de planificar con anticipación, pretende habilitar miles de millones de guaraníes cuando faltan apenas semanas para una elección decisiva.

¿Presupuesto municipal o combustible electoral?

La operación adquiere mayor gravedad política porque la intendenta Magalí Franco forma parte del mismo sector político del candidato colorado Guido González, quien dejó la Intendencia para buscar nuevamente el cargo.

Durante la administración de González ya se había gestionado, a comienzos de este año, otro préstamo por aproximadamente G. 3.000 millones, supuestamente destinado a obras viales. Ahora, con las elecciones encima, aparece una nueva ampliación millonaria impulsada por su sucesora.

La coincidencia obliga a preguntar: ¿se pretende atender verdaderamente las necesidades de Lambaré o utilizar los recursos municipales para apuntalar electoralmente la candidatura de Guido González?

No puede afirmarse sin pruebas que los fondos ya hayan sido desviados con fines electorales, pero el momento elegido, la vaguedad de varios conceptos y la imposibilidad práctica de ejecutar seriamente todo lo proyectado antes de los comicios alimentan legítimas sospechas.

Lambaré necesita calles transitables, servicios eficientes y una administración transparente. No necesita ampliaciones presupuestarias improvisadas en vísperas electorales ni millones de los contribuyentes convertidos en herramientas de campaña.

La Junta Municipal tiene la responsabilidad de exigir documentos, cronogramas, contratos, lugares específicos de intervención y mecanismos de fiscalización antes de autorizar un solo guaraní. Aprobar este pedido sin garantías convertiría a los concejales en corresponsables políticos de una operación que huele más a urgencia electoral que a verdadera planificación municipal.