El juicio oral a Miguel Prieto comienza este lunes en un escenario que ya desbordó los tribunales y se convirtió en una disputa política nacional. De un lado aparece el exintendente de Ciudad del Este, que denuncia una persecución para sacarlo de la carrera presidencial de 2028. Del otro, un oficialismo dominado por Honor Colorado y con Horacio Cartes manteniendo una fuerte influencia sobre la estructura del Partido Colorado.

Prieto llegó a este momento después de encabezar una caravana desde Ciudad del Este hasta Caacupé, acompañado por seguidores que posteriormente continuaron hacia Asunción. Hoy debe sentarse ante un Tribunal de Sentencia por el denominado caso “Tía Chela”, relacionado con la compra de kits de alimentos durante la pandemia. La Fiscalía sostiene que existió un perjuicio patrimonial superior a G. 2.130 millones. Prieto y otros diez acusados afrontan el proceso por lesión de confianza y asociación criminal. Será el juicio el que deberá determinar responsabilidades y, hasta entonces, corresponde mantener la presunción de inocencia.

Pero alrededor de Prieto ya se está construyendo algo mucho más grande que una defensa judicial.

Daniel Pereira Mujica, actual intendente de Ciudad del Este y uno de los principales hombres del equipo político y económico que acompañó a Prieto, viene instalando desde hace tiempo una tesis: lo ocurrido en CDE demostraría que existe otra manera de administrar el Estado.

Mujica sostiene que recibieron una Municipalidad cargada de compromisos, sanearon sus finanzas y fueron cancelando deudas. En una entrevista concedida en 2025 afirmó que cuando el equipo llegó a la comuna la deuda reclamada rondaba los G. 384.449 millones y que estaban próximos a terminar de pagar las obligaciones con los bancos. La actual administración también sostiene que las nuevas obras están siendo ejecutadas sin generar nuevo endeudamiento.

Sin embargo, hablar simplemente de “cero deuda” requiere una precisión. Cuando comenzó la intervención de CDE en junio de 2025, el interventor Ramón Ramírez informó que encontró G. 16.800 millones disponibles, compromisos inmediatos cercanos a G. 27.000 millones y una deuda total de aproximadamente G. 108.000 millones. Es decir, puede hablarse de una fuerte reducción del endeudamiento o de ausencia de nuevas deudas financieras, pero afirmar que la Municipalidad no tenía absolutamente ninguna obligación exige definir exactamente qué concepto contable se está utilizando.

¿Los bancos hicieron caer a Nenecho?

Otro punto planteado por Mujica resulta particularmente interesante: la influencia que tuvieron los acreedores y tenedores de bonos en la crisis de la Municipalidad de Asunción.

Y allí existe una parte comprobable.

La crisis de los bonos era real. La administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez dejó una pesada carga financiera y el interventor Carlos Pereira concluyó que aproximadamente G. 512.000 millones provenientes de bonos destinados originalmente a obras habían sido utilizados para otros fines, incluyendo gastos corrientes y salarios.

También existieron incumplimientos frente a los tenedores. Documentos remitidos a la Superintendencia de Valores registran vencimientos impagos correspondientes a 2025, y posteriormente fue necesario negociar con bonistas y una casa de bolsa para evitar acciones contra la Municipalidad. La administración de Luis Bello terminó acordando el pago de más de G. 90.000 millones correspondientes a obligaciones de 2025 y trasladó vencimientos de 2026 al año siguiente.

Por lo tanto, la presión financiera existió y fue mucho más importante de lo que quizás se dimensionó públicamente en aquel momento.

Pero afirmar que los bancos o bonistas fueron quienes hicieron caer a Nenecho sería ir más lejos de lo que permiten demostrar los documentos disponibles. Rodríguez renunció el 22 de agosto de 2025, coincidiendo con la presentación del informe de intervención y ante un escenario de probable destitución. Incluso medios de la época señalaron presión de dirigentes del propio cartismo. La crisis financiera fue determinante; no está demostrado que los acreedores hayan sido la única causa de su salida.

¿Paraguay está económicamente al borde del colapso?

Aquí es donde el discurso político de Mujica necesita contrastarse con los números.

Paraguay no presenta actualmente indicadores macroeconómicos propios de una economía al borde del colapso.

El Banco Central proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del 4,5% para 2026, mientras las expectativas privadas recogidas por la propia institución están alrededor del 4,3%. La inflación interanual fue de apenas 1,6% en julio y las reservas internacionales superan los USD 11.000 millones. Moody’s mantuvo este año la calificación soberana de Paraguay en grado de inversión Baa3 con perspectiva estable.

El FMI fue en la misma dirección hace apenas días: proyectó un crecimiento del 4,4% para 2026 y habló de una economía “resiliente”, aunque también reclamó volver plenamente a las reglas fiscales, mejorar la administración financiera y regularizar atrasos del Estado.

Eso no significa que todo esté bien. El déficit acumulado de la Administración Central llegó al 1,2% del PIB a julio, mientras los ingresos totales crecieron apenas 1,2%. Hay presión sobre las cuentas públicas y obligaciones que necesitan ordenamiento.

Y existe un lugar donde la palabra crisis prácticamente ya no admite discusión: el IPS.

El propio presidente de la previsional afirmó que el Instituto atraviesa “el peor de sus momentos” financieros. La deuda con proveedores farmacéuticos fue estimada en aproximadamente G. 2,33 billones, unos USD 384 millones, mientras se estudian reestructuraciones y extensiones de plazos para garantizar medicamentos e insumos. El Congreso incluso continúa discutiendo una declaración de emergencia para la institución.

Por eso, decir que todo Paraguay está económicamente quebrado no coincide con los principales indicadores macroeconómicos. Decir que existen sectores del Estado con graves problemas financieros, de gestión y sostenibilidad —como IPS o la propia Municipalidad de Asunción— sí encuentra suficiente respaldo en los números.

“La economía no va a soportar a un Prieto preso”

La frase atribuida a Mujica —“la economía paraguaya no va a soportar a un Prieto preso”— pertenece más al terreno de la política que al de la economía.

No existe hoy un indicador técnico que permita sostener que una eventual condena o prisión de Miguel Prieto pueda hacer tambalear por sí sola a la economía paraguaya.

Lo que sí podría tener consecuencias políticas es otra cosa: que una parte importante de la ciudadanía llegue a convencerse de que la Justicia está siendo utilizada para eliminar adversarios electorales.

Y esa es precisamente la batalla que comienza.

Prieto necesita convencer de que las causas en su contra forman parte de una persecución política. El oficialismo deberá demostrar que la Justicia puede procesar a uno de sus principales adversarios sin convertirse en herramienta electoral.

Pero tampoco debería admitirse el razonamiento inverso: ser opositor a Cartes no convierte automáticamente a nadie en inocente.

¿Prieto es “el bueno” y Cartes “el malo”?

Convertir la política paraguaya en una película de buenos contra malos puede ser electoralmente efectivo, pero resulta demasiado cómodo.

Prieto construyó en Ciudad del Este un fenómeno político capaz de desplazar al Partido Colorado y su equipo muestra resultados administrativos que merecen ser analizados. Pereira Mujica consiguió además una contundente victoria electoral en 2025 y la Municipalidad reportó una recaudación superior a G. 270.000 millones ese año, con señales de recuperación durante 2026.

Pero Prieto también está acusado en causas que deben ser juzgadas. Una caravana multitudinaria no demuestra inocencia, de la misma manera que una acusación fiscal tampoco equivale a una condena.

Del otro lado está Horacio Cartes, presidente de la ANR y conductor de Honor Colorado, movimiento que concentra una enorme cuota del poder político nacional y que ya trabaja en su estructura para las municipales y las generales de 2028. Ese poder también merece controles, contrapesos y una Justicia verdaderamente independiente.

Quizás la discusión que comienza hoy no sea realmente Prieto contra Cartes, ni “los buenos contra los malos”.

Es algo bastante más importante.

Un equipo político nacido en Ciudad del Este pretende convencer al país de que puede administrar Paraguay mejor que quienes hoy lo gobiernan. Y el cartismo intentará demostrar exactamente lo contrario.

Los números deberán decidir qué modelo funciona mejor.

Y la Justicia, sin presiones de ningún sector, deberá decidir solamente una cosa: si Miguel Prieto es culpable o inocente de los hechos por los cuales está siendo juzgado.

Ese límite es fundamental. Porque cuando la Justicia empieza a definir elecciones, o cuando la popularidad pretende sustituir a la Justicia, el problema ya no es Prieto ni Cartes.

El problema pasa a ser el país.