Raúl Latorre construyó su ascenso político a velocidad récord. Pasó de ser un funcionario de segunda línea en tiempos de Horacio Cartes —ligado a la administración de ambulancias— a ocupar una banca en Diputados y, posteriormente, la presidencia de ese poder del Estado. No fue un camino de consensos ni de gestión pública destacada. Fue, según describen dirigentes de distintos sectores, una escalera armada con pactos circunstanciales, operaciones internas y rupturas calculadas.
Uno de los primeros “socios útiles” fue el entonces intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Con el aparato municipal y la maquinaria electoral capitalina, Latorre consolidó su continuidad parlamentaria. Pero cuando el proyecto municipal entró en crisis, el vínculo se rompió. Nenecho quedó políticamente aislado y Latorre reacomodó piezas sin mirar atrás. En política, el mensaje fue claro: mientras sirvas, sos aliado; cuando dejás de ser funcional, sos prescindible.
Desde la presidencia de Diputados, Latorre logró un control cómodo del tablero interno, incorporando apoyos liberales mediante repartos administrativos y acuerdos que le garantizaron gobernabilidad parlamentaria. Sin embargo, el objetivo nunca fue solo “ordenar la Cámara”. La ambición fue mayor: construir una plataforma de poder territorial con Asunción como eje estratégico.
Tras la crisis municipal y la salida de Rodríguez, el diputado movió fichas para ubicar a figuras leales en espacios clave, bloqueando opciones que surgían desde la voluntad popular, como el caso de Luis Fer Bernal, uno de los concejales más votados de la capital. Para Latorre, Asunción no es una ciudad a gobernar: es una base electoral a administrar.
En paralelo, empezó a circular con fuerza su proyección nacional. A través de su entorno y de voceros oficiosos —como su compadre Martín Arévalo— se instaló la narrativa de una eventual candidatura a la vicepresidencia para el 2028, en fórmula con Pedro Alliana. El problema es que esa jugada choca frontalmente con otros aspirantes del oficialismo, como el ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja. Desde entonces, la interna se volvió áspera, con versiones de operaciones mediáticas y guerra fría dentro del cartismo. Nada confirmado oficialmente, pero el ruido político existe y no es casual.
Más grave aún es el capítulo institucional. Dirigentes y sectores críticos cuestionan la supuesta influencia de Latorre sobre decisiones sensibles del sistema judicial. El caso más mediático es el de Nidia López, actual directora de Correos, quien admitió irregularidades en el pasado vinculadas a sobrefacturaciones durante la pandemia y accedió a una salida procesal pagando en cuotas. A pesar de ese antecedente y de informes de la Contraloría que pesan sobre su gestión, López sigue administrando recursos públicos. Para muchos, esa permanencia no se explica sin blindaje político.
La lista de fricciones no termina ahí. Latorre mantiene una relación tensa con el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien se resiste a sus pedidos de cambios ministeriales estratégicos, especialmente en Salud y Vivienda, donde el diputado busca posicionar cuadros propios. Tampoco es buena la relación con Beto Ovelar, quien apoyaba a Luis Fer Bernal como figura fuerte para Asunción y vio cómo ese camino fue bloqueado desde el núcleo de poder latorrista.
El resultado de este recorrido es un apodo que empieza a repetirse en pasillos políticos: “el traidor”. Así lo llaman sectores colorados por lo ocurrido con Nenecho, por el desplazamiento de Bernal y por la tensión creciente con Alliana y Baruja. Latorre hoy camina sobre una cuerda floja: depende de que Camilo Pérez gane en Asunción para sostener su estructura territorial. Ese es su “salvavidas”. Pero dentro del propio oficialismo ya hay quienes quieren que ese salvavidas se transforme en ancla.
La pregunta de fondo ya no es si Raúl Latorre tiene ambición. Eso está claro. La verdadera cuestión es otra: ¿hasta dónde está dispuesto a tensar las instituciones, romper alianzas y usar el aparato del Estado para cumplir su proyecto personal? Porque cuando el poder deja de ser herramienta de gestión y se convierte en un fin en sí mismo, el problema ya no es interno de un partido. Es un problema para la democracia.