Un documento interno del Ministerio Público vuelve a colocar al senador Hernán Rivas en el centro de la polémica. Según el informe, elaborado por la Dirección de Protección a Testigos, se menciona expresamente al legislador como presunto origen de una amenaza contra una fiscala en el marco de una causa penal que lo involucra.
El expediente, fechado el 31 de marzo de 2026, señala que la amenaza estaría vinculada directamente con el ejercicio de la función fiscal y habría sido canalizada a través de una “fuente humana cerrada”. A partir de esta situación, la agente fue incorporada al protocolo de protección del Ministerio Público, lo que implica medidas de seguridad, custodia policial y monitoreo permanente ante el riesgo detectado.
Este nuevo elemento se suma a la escalada política que rodea al caso. En la jornada anterior, legisladores de la oposición impulsaron una denuncia penal que apunta directamente a Rivas, en medio de cuestionamientos que ya venían acumulándose en torno a su figura, especialmente por el uso de su investidura y su rol dentro del sistema judicial.
El documento también detalla que se realizaron entrevistas y análisis de riesgo antes de activar el protocolo de protección, lo que refuerza la gravedad de la situación. No se trata de una denuncia aislada, sino de un proceso interno que derivó en medidas concretas por parte del Ministerio Público.
En este contexto, el cerco político y judicial sobre Rivas parece estrecharse. Mientras sectores opositores avanzan con acciones legales, crecen las presiones dentro del Congreso para que se evalúe su permanencia en el cargo. El caso, lejos de disiparse, suma nuevos elementos que podrían tener consecuencias directas en el futuro del legislador.